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David contra Goliat: la victoria de Ana María Méndez frente a la SGAE

El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un triunfo para los internautas y una clara derrota de las entidades de gestión de derechos de autor. Pero, sobre todo, es la victoria de la dueña de una pequeña tienda de informática que hace seis años decidió plantar cara a la todopoderosa SGAE.

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El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un triunfo para los internautas y una clara derrota de las entidades de gestión de derechos de autor. Pero, sobre todo, es la victoria de la dueña de una pequeña tienda de informática que hace seis años decidió plantar cara a la todopoderosa SGAE.
Ana María Méndez, la dueña de la tienda que llevó el canon a Bruselas, en una manifestación de internautas contra González-Sinde. | Archivo/DRH

Ana María es una madre de familia y empresaria desde que en 2002 montó una pequeña tienda de informática, llamada Traxtore. La SGAE le hizo una auditoría en septiembre de 2004 y le reclamó 66.000 euros por ventas realizadas durante los años 2002 y 2003, antes de que se firmara el acuerdo entre la empresa recaudadora de Teddy y Asimelec, la patronal de las tecnológicas.

"Me piden el canon con carácter retroactivo y no con las tarifas digitales pactadas, sino con las analógicas que se colocaban en las cintas de audio y vídeo", decía Ana. "Por cada DVD virgen que he vendido me exigen 1,20 euros más IVA; si yo gano 12 con cada tarrina de 100 que vendo, ¿cómo me pueden pedir 120 más IVA por ella?".

Pero Ana ni siquiera era la más perjudicada, después de todo. A una tienda en Huelva le exigían cerca de medio millón de euros. Es normal, nunca esperaron a la ley socialista que santificó el canon para exigir canon por las grabadoras de DVD, las tarjetas de memoria y los reproductores MP3. "El acuerdo lo firman los proveedores con la SGAE y a quienes nos auditan es a los minoristas, que no nos podemos defender. A mí me vinieron con una demanda la semana de Reyes, luego no se presentaron al juicio y ahora me han puesto otro. Esperan agotarme y arruinarme a base de pagar abogados. En cambio, a las grandes cadenas y franquicias ni las tocan", protestaba Ana. "Preferiría deber dinero a Hacienda, la verdad, se preocuparían mucho más de que no tuviera que cerrar la tienda para pagarles, me darían facilidades".

Pero Ana fue un hueso más difícil de roer de lo esperado. Creó una asociación de minoristas de productos informáticos (Apemit), una web con toda la documentación de su caso y hasta un cómic donde explicaba detalladamente hasta qué punto la SGAE nos saca hasta los higadillos. Y, sobre todo, se defendió judicialmente. Soportó la sentencia en su contra en primera instancia, que aceptaba acríticamente todos los argumentos de la SGAE, y recurrió. Fue la Audiencia Provincial de Barcelona la que elevó en 2008 una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que dictaminara si el canon indiscriminado era legal.

"Imagínate, son seis largos años de batalla. Entonces tenía dos tiendas y ocho empleados", explica Ana María a El País. Hoy conserva una, que gestiona la familia. "Tuve que despedir a mis empleados, con lo que eso supone no sólo económica sino emocionalmente. Sin duda en estos seis años he perdido mi modo de vida. Tanto que ni de vacaciones nos hemos ido", lamenta Méndez. Pero hoy está contenta. Al fin.

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