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El Gobierno ignora a internautas y empresas para acordar el canon con la SGAE

La llegada de Cesar Antonio Molina al Ministerio de Cultura no ha cambiado el talante que desde el Gobierno se dispensa al canon por copia privada. Con seis meses de retraso, Cultura se ha reunido con la SGAE y le ha entregado el borrador de la orden ministerial que determinará los aparatos que serán gravados por el canon digital. En cambio, Molina no ha ofrecido ningún tipo de información a las empresas de nuevas tecnologías ni a las asociaciones de internautas. Por si fuera poco, la SGAE ha vuelto a pedir que se incluya el artículo 17.B –retirado del proyecto- para que el Gobierno pueda cerrar paginas web a voluntad.

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Cesar Antonio Molina, ministro de Cultura.
(Libertad Digital) El Gobierno ha vuelto a favorecer a las empresas de gestión de los derechos de autor, y en concreto a la SGAE, en la tramitación de la orden ministerial que determinará el listado de aparatos a los que se aplicará el canon digital así como la cuantía que tendrá que soportar cada uno.
 
Las entidades de gestión, las asociaciones de internautas y la industria de las nuevas tecnologías se reunieran para tratar de consensuar una lista. Al no alcanzar ningún acuerdo, la responsabilidad pasaba automáticamente a los ministerios. Con todo, Cultura ha entregado a la SGAE este borrador con seis meses de retraso.
 
Lo que no ha explicado Cesar Antonio Molina es la razón que le ha movido a dar cuenta del citado borrador tan sólo a las entidades de gestión -y más concretamente a la SGAE- con las que se ha reunido para consensuar el documento. En la configuración del citado borrador, Cultura ha ignorado a sectores directamente afectados por el canon como son los internautas y las empresas de nuevas tecnologías.
 
El propio ministro de Cultura aseguró que "hay por primera vez una propuesta concreta encima de la mesa, que se está estudiando con las entidades de gestión para su formulación final". El director de Relaciones Corporativas de la SGAE, Pedro Farré ha advertido, en declaraciones a la agencia Efe, que todas las entidades de gestión –que trabajan en este asunto "como una sola voz y con máxima coordinación"- están ya echando cuentas para calcular si la propuesta de orden ministerial sirve para compensar económicamente a los autores por el daño que supone la copia privada". Además, ha mostrado su satisfacción por haber comprobado la "clara voluntad" de Molina de aprobar cuanto antes las tarifas del canon, después de reunirse "las últimas semanas con el ministro y su equipo".
 
La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, que todavía no conoce la propuesta, había tratado de evitar que los dispositivos que no están destinados a almacenar contenidos objeto de derechos de propiedad intelectual –como PDA's y discos duros externos- sean objeto del canon. Por su parte, las asociaciones de internautas tampoco conocen la propuesta y ya han manifestado la "auténtica sorpresa" que supuso el anuncio del ministro de Cultura.
 
El artículo 17.B
 
Además, en las declaraciones que Pedro Farré ha concedido a Efe, ha vuelto a hacer una encendida defensa del artículo 17.B que se retiró del proyecto. Este artículo permitía al Gobierno cerrar páginas web cuando considere que vulnera los derechos de propiedad intelectual. Farré insiste en que se vuelva a incluir o que se conciba otro parecido porque "lo que no puede hacerse es quedarse con los brazos cruzados".

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