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El Gobierno quiere un consenso sobre el canon sin hablar con los que lo pagan

Los socialistas buscarán un consenso respecto al canon digital hablando con la patronal de las tecnológicas y las SGAE.

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Los Ministerios de Industria y de Cultura se reunirán este miércoles con la patronal del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Ametic, y con entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para abordar la reforma del canon digital, informaron a Europa Press fuentes oficiales.

En concreto, asistirán Juan Junquera, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; Santos Castro, director general de Industrias Culturales; José Pérez, director General de Ametic y representantes de las citadas entidades de gestión.

La semana pasada, los presidentes de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías; de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo; y de APEMIT (Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías), Josep Jover, registraron sendos escritos en los Ministerios de Industria y de Cultura solicitando su participación en estas reuniones preparatorias de la reforma del canon digital sin que, por el momento hayan obtenido respuesta alguna, informaron a Europa Press fuentes de estas asociaciones.

Dicen querer buscar el consenso

El objeto del encuentro, que tendrá lugar en la sede de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), es buscar un consenso entre las partes para adecuar la legislación española a los criterios de la sentencia del pasado mes de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que declara ilegal aplicar el canon digital a empresas y profesionales.

De esta forma, Industria y Cultura pretenden alcanzar un acuerdo con los principales agentes del sector respecto al modelo que se aplica en España.

Según la sentencia del TUE, aunque avala el canon digital que se aplica a equipos de reproducción destinados a particulares para uso privado, declara ilegal aplicarlo indiscriminadamente a empresas y profesionales que adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada.

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