El PP salva la ley Sinde

PSOE, PP y CiU han llegado a un acuerdo para que la ley Sinde vuelva a ser incorporada a la Ley de Economía Sostenible a su paso por el Senado. El punto más polémico, la capacidad de un órgano administrativo llamado Sección Segunda (SS) de la Comisión de Propiedad Intelectual de poder cerrar sitios web que estime que violen los derechos de autor, se mantendrá tal cual.

En su primera redacción, se incorporaba la figura de un juez que en el plazo de dos días debía convocar a demandantes y afectados para escuchar sus alegaciones y decidir en otros dos días. Sin embargo, su actuación se limitaba a estimar si se violaba el artículo 20 de la Constitución, referido a la libertad de expresión: no entraba a valorar si se violaban o no los derechos de autor, labor reservada a la comisión.

La excusa del PP para aprobar el texto ha consistido en incorporar la figura del juez al principio del proceso. Pero, de nuevo, estará extraordinariamente limitada. Cuando la Sección Segunda decida que un sitio web viola los derechos de autor, deberá pedir a un juzgado los datos sobre quién es el responsable de la misma u otros datos que puedan afectar a la intimidad de los afectados, el cual deberá contestar en 24 horas. Y el juez sólo decidirá si tal petición incumple los apartados 1 y 3 del artículo 18 de la Constitución, referidos al honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones; de nuevo, no tomará ninguna decisión sobre si la web viola o no los derechos de autor.

En definitiva, será una comisión nombrada a dedo por el Gobierno la que tome la decisión sobre qué sitios web violan los derechos de autor y deben ser cerrados. La única victoria para los ciudadanos es que el texto aprobado fuerza al Gobierno a reformar la normativa sobre el canon digital antes de tres meses desde la aprobación definitiva de la ley de economía sostenible.

Para José María Lassalle, sin embargo, lo importante es que "quien identifica a quien vulnera los derechos de propiedad intelectual será siempre un juez". Pero no será un juzgado quien decida si esa persona identificada está vulnerando realmente algún derecho, sino una comisión nombrada por el Ministerio de Cultura.

El acuerdo ha llegado cuatro horas antes de que se cerrara el plazo para presentar enmiendas en el Senado a la ley de economía sostenible, después de que el Congreso eliminara la ley Sinde de su redactado el pasado 21 de diciembre. María Dolores de Cospedal había asegurado esta mañana que se llegaría a un acuerdo si el PSOE introducía garantías judiciales en la norma. Unas garantías que no alteran en nada el proceso.