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El Tribunal Supremo de EEUU asesta un varapalo a las redes P2P

Las redes P2P podrán ser denunciadas si promueven que sus clientes empleen programas para intercambiar ilegalmente canciones y películas. Así lo dictaminó este lunes el Tribunal Supremo de EEUU. Sin embargo, el fallo de la sentencia no especifica si las redes P2P cumplen la ley cuando sus creadores advierten de que no deben usarse para obtener material protegido por los derechos de autor. La decisión ha despertado sentimientos contrapuestos y dudas sobre las implicaciones que tendrá.

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L D (EFE) Con esta decisión, el máximo órgano judicial estadounidense hizo oídos sordos a las advertencias de que las querellas frenarán las ventas de modernos artilugios tecnológicos, como la iPod de Apple. La decisión, adoptada por unanimidad, envía el caso nuevamente a los tribunales inferiores, que en el pasado dictaminaron a favor de servicios para compartir archivos como Grokster Ltd. y StreamCast Networks Inc. al indicar que no se puede demandar a las compañías. Los jueces del Supremo señalaron que existen suficientes pruebas de intenciones ilícitas como para que el caso vaya a juicio.

El comportamiento reprobable de los servicios para compartir archivos no debería obtener carta blanca, indicaron los magistrados. "Sostenemos que aquel que distribuye un artilugio con el objeto de impulsar su uso para infringir los derechos de autor, como queda patente por la expresión manifiesta o mediante otros pasos para impulsar esa infracción, es responsable de los resultados de la infracción cometida por terceras partes", escribió el juez David H. Souter al explicar la decisión.

Lo que debatió hoy el Supremo estadounidense fue si los servicios para compartir archivos debían ser considerados responsables del comportamiento que millones de usuarios de Internet -sobre los que no tienen control- hacen de un programa informático que ellos distribuyen gratis. Según la industria discográfica, hasta el 90 por ciento de las canciones y películas que se copian en los servicios para compartir archivos se bajan de Internet de forma ilegal.

El sector discográfico y los productores de películas reclaman protección legal ante las pérdidas millonarias que les origina este tipo de servicios. Los consumidores, por su parte, temen que la decisión judicial ponga en peligro la revolución tecnológica de las dos últimas décadas, que se tradujo en la salida al mercado de aparatos como el vídeo, los reproductores MP3 y las iPod de Apple.

Las compañías tendrían que pagar millones de dólares a los artistas si un tribunal dictamina que impulsan la bajada de archivos de Internet de forma ilegal.

La decisiones de los tribunales inferiores había beneficiado hasta ahora a los servicios para compartir archivos, al basarse en una sentencia de 1984 del Tribunal Supremo según la cual Sony no podía ser demandada por el uso irregular que los consumidores hiciesen de sus aparatos de vídeo.

Según el Supremo, las cortes de segunda instancia podrían alterar su decisión al tomar en consideración factores como la forma en la que las compañías comercializan su producto o el que hayan adoptado rápidamente medidas que propician la infracción de los derechos de autor.

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