La Asamblea Francesa modificará de urgencia la ley de propiedad intelectual para incluir controles en Internet
El Parlamento francés iniciará mañana la reforma de la ley sobre el derecho de autor con el objetivo de adaptarla a la normativa comunitaria y recoger asimismo la influencia de Internet en la difusión de obras. Entre sus novedades se incluye la obligación a los proveedores de acceso a Internet de controlar la información que circula por sus redes en busca de "contenidos protegidos" por derechos de autor. También prohíbe el uso de buena parte del software que pueda utilizarse para copiar ficheros.
(Libertad Digital) El ministro de Cultura, Renaud Donnedieu de Vabres, presentó hoy el contenido de esa norma que el Parlamento tramitará con carácter de urgencia (una sola lectura por parte de la Asamblea Nacional) debido a que el Tribunal Europeo de Justicia había llamado la atención a Francia por no aplicar la directiva comunitaria de 2001 sobre el derecho de autor.
El semanario alemán “Die Zeit" ha denunciado que esta modificación incluye penas de cárcel y multas de hasta 300.000 euros a los proveedores de acceso que no cumplan con una nueva obligación de controlar el tráfico de Internet de sus usuarios en busca de ficheros protegidos con derechos de autor. También prohíbe el uso de programas que permitan transmitir ficheros digitales que no incluyan un sistema DRM, que permite administrar y controlar qué puede y qué no puede hacer el usuario con los mismos. Esto implicaría que los franceses dejarían de poder utilizar navegadores, programas de FTP, mensajería instantánea (como MSN Messenger) y, por supuesto, redes P2P como eMule o BitTorrent. Además, todas las emisoras de radio y televisión estarán obligadas a emitir exclusivamente contenidos protegidos por esta tecnología.
La conclusión de la prestigiosa publicación alemana es que se ha elaborado una ley a la medida de la multinacional Vivendi y la sociedad de autores SACEM, la SGAE francesa. El ministro Donnedieu de Vabres aseguró sin embargo que la norma busca "un punto de equilibrio" entre la difusión cultural y artística a través de Internet y el derecho de los creadores. "La gratuidad total de la cultura en Internet es un engaño porque la remuneración de los creadores es legítima y necesaria y debe ser preservada en favor de la diversidad", afirmó.Sin embargo, la norma es criticada por diversos sectores, como las asociaciones de consumidores, los sindicatos y las sociedades de gestión de derechos de los artistas. Su principal queja es que el control de la circulación de obras puede ser llevado a cabo sobre todo por empresarios, ya que la lectura de los ficheros encriptados requiere el uso de programas informáticos específicos. Esos sectores solicitan una especie de "licencia global" que permitiría el intercambio de contenidos culturales con fines no comerciales mediante el pago de un canon.
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