La demanda contra los usuarios de intercambio de archivos no llegará a los jueces hasta septiembre
Los abogados que representan a las empresas de software han dicho que ya son 38 las compañías que se han integrado en la demanda contra 95.000 usuarios españoles de redes P2P, de la que han explicado que se concentrará en 4.000 de ellos. Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC) informado de que ahora está recogiendo "pruebas" mediante la recopilación de lo publicado en Internet desde que se anunció la medida.
(Libertad Digital) Javier Ribas, socio de Landwell-PwC, ha dicho que desde que se anunció la presentación de la denuncia se han sumado otras seis empresas y esperan que en los próximos días el número siga aumentando, según ha informado la agencia Europa Press. El abogado ha asegurado que no se informa sobre las compañías demandantes para evitar que se tomen represalias contra ellas. Ribas ha declarado: "Estamos recibiendo amenazas directas e incluso nos están lanzando ataques y bloqueos a nuestro sitio web".
Uno de los motivos para retrasar el traslado a los jueces de la demanda es el aumento de las compañías que se suman a la iniciativa, según ha dicho Ribas. El socio de Landwell-PwC ha añadido que la otra razón es que están levantando acta notarial de lo ocurrido en Internet desde el anuncio de la iniciativa: "Queremos preparar mucho más la denuncia, puesto que estamos recopilando pruebas". Este abogado ha dicho que de lo escrito durante los últimos días en los foros de usuarios de redes P2P se desprende que "saben que es una actividad ilícita".
Landwell-PwC estima en 85 millones de euros el perjuicio económico causado por los 95.000 españoles que utilizan redes P2P, si bien ha explicado que la demanda se centrará en 4.000 de ellos que se han descargado más de cien archivos cada uno. El despacho de abogados ha dicho que quiere que la actuación procesar se dirija "primero contra los doscientos usuarios que han incidido más en esta práctica, después contra otros doscientos y así sucesivamente. Sabemos que podemos estar diez años así". Los representantes de las compañías de software estiman que la demanda se pondrá en marcha en septiembre. Ribas niega que su despacho haya realizado ningún espionaje y dice que se han limitado a introducirse como usuarios anónimos en las redes de pares para ver que productos descargan los internautas españoles y conocer sus nicknames (apodos).
Fuertes críticas a la Asociación de Internautas
Una de las primeras voces en protestar por la demanda fue la Asociación de Internautas (AI), que calificó la acción "de estilo Gestapo". Además, esta asociación informó de la existencia de un programa, llamado PeerGuardian destinado a garantizar la privacidad de los usuarios de redes P2P mediante el bloqueo de las IP que se elijan. Ribas ha muy duro con la Asociación y ha dicho que "aunque es muy fácil" burlar este software, el anuncio de la disponibilidad de este software supone intentar bloquear las investigaciones. El socio de Landwell-PwC ha añadido: "Cuando alguien intenta obstaculizar la labor judicial es porque tiene algo que ocultar".
Uno de los motivos para retrasar el traslado a los jueces de la demanda es el aumento de las compañías que se suman a la iniciativa, según ha dicho Ribas. El socio de Landwell-PwC ha añadido que la otra razón es que están levantando acta notarial de lo ocurrido en Internet desde el anuncio de la iniciativa: "Queremos preparar mucho más la denuncia, puesto que estamos recopilando pruebas". Este abogado ha dicho que de lo escrito durante los últimos días en los foros de usuarios de redes P2P se desprende que "saben que es una actividad ilícita".
Landwell-PwC estima en 85 millones de euros el perjuicio económico causado por los 95.000 españoles que utilizan redes P2P, si bien ha explicado que la demanda se centrará en 4.000 de ellos que se han descargado más de cien archivos cada uno. El despacho de abogados ha dicho que quiere que la actuación procesar se dirija "primero contra los doscientos usuarios que han incidido más en esta práctica, después contra otros doscientos y así sucesivamente. Sabemos que podemos estar diez años así". Los representantes de las compañías de software estiman que la demanda se pondrá en marcha en septiembre. Ribas niega que su despacho haya realizado ningún espionaje y dice que se han limitado a introducirse como usuarios anónimos en las redes de pares para ver que productos descargan los internautas españoles y conocer sus nicknames (apodos).
Fuertes críticas a la Asociación de Internautas
Una de las primeras voces en protestar por la demanda fue la Asociación de Internautas (AI), que calificó la acción "de estilo Gestapo". Además, esta asociación informó de la existencia de un programa, llamado PeerGuardian destinado a garantizar la privacidad de los usuarios de redes P2P mediante el bloqueo de las IP que se elijan. Ribas ha muy duro con la Asociación y ha dicho que "aunque es muy fácil" burlar este software, el anuncio de la disponibilidad de este software supone intentar bloquear las investigaciones. El socio de Landwell-PwC ha añadido: "Cuando alguien intenta obstaculizar la labor judicial es porque tiene algo que ocultar".
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