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EL PUZZLE DEL CANON DIGITAL II

La entidad de Luis Cobos desvió dinero del canon a inversiones inmobiliarias

La entidad de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE), presidida por Luis Cobos, no sólo ha destinado más de 40 millones de euros procedentes de la recaudación de derechos de autor (incluido el canon digital) a fondos de inversión en Bolsa. En 1998, la entonces ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, abrió una investigación contra AIE, a instancias de una denuncia de Víctor Manuel, por desviar más de 7 millones de euros a una sociedad paralela, presidida por el mismo Cobos, dedicada a actividades inmobiliarias.

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LD (M. Llamas) Entonces compró tres sedes para AIE mediante la recaudación de derechos de autor que no repartió entre los artistas inscritos en su entidad.
 
Suma y sigue. Pese a que algunos consideran el denominado canon digital como una “tontería” de 120 millones de euros al año, en realidad, las entidades de gestión de derechos de autor manejan cuantías muy superiores.
 
En concreto, tal y como avanzó Libertad Digital, tales asociaciones privadas, “sin ánimo de lucro”, según la ley, gestionaron casi 2.000 millones de euros entre 2002 y 2006. Sin embargo, no todo el dinero que se recauda termina en el bolsillo de los artistas, en tanto titulares de derechos de autor. Cerca del 25 por ciento del dinero que gestionan (unos 528,5 millones de euros en la pasada legislatura), acaban en los balances de tales asociaciones.
 
Pero, ¿qué se hace con ese dinero? La asociación de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE), presidida por Luis Cobos, disponía en 2004 de 41,5 millones de euros en “inversiones financieras temporales”, tales como deuda pública y fondos de inversión. Un dinero, cuya rentabilidad, tal y como reconoció la propia entidad, compensa, en parte, los gastos de dicha organización.
 
Pero no sólo parte de los ingresos que genera la reproducción y copia de obras artísticas o audiovisuales se destina a productos financieros. En parte, también se invierte en actividades inmobiliarias. Así, ya en 1996, AIE desvió más de 7 millones de euros a una sociedad paralela denominada Artiser S.A.
 
Artiser figura en el Registro Mercantil como una empresa dedicada al “asesoramiento y gestión en asuntos referentes a inversiones, mobiliarias e inmobiliarias”, así como a la realización de proyectos que tengan como finalidad la “formación profesional de artistas y su promoción”. El propio Luis Cobos constaba como presidente y consejero de la citada sociedad.
 
El Ministerio de Cultura, dirigido entonces por Esperanza Aguirre, abrió entonces una investigación sobre los fondos de AIE y Artiser, en base a una denuncia presentada por el cantante Víctor Manuel, junto a “otros”.
 
El resultado de la investigación, al que ha tenido acceso LD, señala que AIE no procedió en 1996 “al reparto de los derechos correspondientes a la comunicación pública, copia privada (canon), alquiler, reproducción y multimedia” pertenecientes a los titulares de las obras de propiedad intelectual.
 
De hecho, ese dinero fue destinado a la “adquisición de sedes de AIE en Barcelona, Madrid y Sevilla”. El Ministerio calificó entonces tal actuación como “contrario no sólo a lo establecido” en sus estatutos vigentes sino “también” a lo dispuesto en distintos artículos de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), según el texto.
 
Incumplió la ley y sus estatutos
 
Además, Cultura concluye que “la actividad y el objeto social de la Sociedad Anónima Artiser, cuyo accionista único es AIE, es mucho más amplio que lo que permite” la LPI para las empresas “integradas por una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual”.
 
Por ello, el Ministerio ordenó entonces que AIE repartiera a sus correspondientes titulares el montante de los derechos que correspondían a 1996, así como modificar el objeto social de Artiser, con el objetivo de que se dedicara a las actividades o servicios de carácter asistencial y de formación y promoción que establecía entonces la LPI.
 
De hecho, el texto advierte de que el Ministerio podría llegar, incluso, a revocar la autorización administrativa de la que gozan las entidades de gestión para recaudar los ingresos que generan las obras de los artistas. Sin embargo, la jurisdicción estableció por entonces que son las Comunidades Autónomas las administraciones competentes para auditar y controlar la actividad de tales entidades.
 
Precisamente, en 1996, Artiser registró una ampliación de capital sustancial, al pasar de 60.000 euros a más de 7,2 millones. Una cuantía que, en 1997 y 1998, figuraba bajo el epígrafe de “inversiones financieras temporales”. Además, durante ambos años, dicha sociedad destinó 671.000 y 714.000 euros (casi el 10 por ciento del capital), respectivamente, a gastos derivados de “sueldos, salarios, y asimilados”, según consta en sus cuentas.
 
La entidad de Luis Cobos eludió responder a LD sobre estas cuestiones.
 
 


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La asociación de artistas de Luis Cobos tenía 41,5 millones en fondos de inversión en 2004

 

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