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La industria busca utilizar las leyes europeas de protección de datos para perseguir la piratería

La ofensiva de la industria del entretenimiento, tanto musical como cinematográfica, contra las redes peer-to-peer (P2P) y contra los propios usuarios sigue su curso. Esta vez, es la flamante "Creative and Media Business Alliance" (CMBA - Alianza de la Industria Creativa y de Medios) la que quiere intervenir. Lo quiere hacer en Europa, intentando modificar la directiva europea de protección de datos para así poder perseguir de manera más fácil a los que usan programas de intercambio de archivos o lo que ellos llaman "piratas".

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(Libertad Digital) Este nueva asociación, adscrita a la International Federation of the Phonographic Industry (IFPI - Federación Internacional de la Industria Fonográfica) está integrada por compañías muy importantes como Sony BMG, Disney, EMI, IFPI, MPA y Universal Music International.
 
En una carta enviada a todas estas compañías, la CMBA pide que "agradeceríamos mucho su apoyo para asegurar que esto se convierte en un instrumento efectivo en la lucha contra la piratería". También pide que se hagan todos los esfuerzos para lograr cambiar la ley de protección de datos para que cubra todos los delitos criminales –no sólo los "serios" del crimen organizado o de terrorismo– y pedir que las acceso a estos datos no estén limitados.
 
El comité europeo de Derechos Civiles tocó este tema el pasado día miércoles y mantuvo la palabra "serios" pero sólo en lo referido en la órdenes de arresto europeas que también incluye la piratería. En una declaraciones a The Register, Suw Charman, fundadora de la Open Rights Group, esto deja la puerta abierta para que la industria del entretenimiento use la legislación, destinada a proteger a los ciudadanos europeos de los terroristas,  para demandarlos a ellos mismos. "la industria quiere pervertir la legislación para respaldar un modelo de negocio fracasado basado en poco más que especulación (sobre que las descargas perjudica el negocio de la música)".
 
Además, Charman señala que "no hay bien público cuando se crea una legislación que refuerza aún más la industria para demandar a sus propios clientes". También dice que si la ley IPRED2 sale adelante, (la que consideraría el intercambio de archivos un delito criminal y ya no civil) los europeos que pagan impuestos tendrán que hacerlo con las demandas.

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