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La SGAE no logra por ahora la autorización para cerrar páginas web sin orden judicial

La Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) pasará a pleno tras su aprobación en la Comisión de Industria del Congreso. La SGAE no consigue su propósito de cerrar páginas web sin orden judicial, pero abre la posibilidad de que las "autoridades competentes" puedan intervenir, sin mencionar la autorización de un juez. Por otra parte, las medidas aprobadas no garantizan el objetivo de la Ley: sacar a España de la cola de la UE en el desarrollo de la Sociedad de la Información.

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La Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) pasará a pleno tras su aprobación en la Comisión de Industria del Congreso. La SGAE no consigue su propósito de cerrar páginas web sin orden judicial, pero abre la posibilidad de que las "autoridades competentes" puedan intervenir, sin mencionar la autorización de un juez. Por otra parte, las medidas aprobadas no garantizan el objetivo de la Ley: sacar a España de la cola de la UE en el desarrollo de la Sociedad de la Información.
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(Libertad Digital) El PSOE, con el apoyo de los grupos minoritarios y la oposición del PP, ha conseguido que la Comisión de Industria del Congreso apruebe la Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información. Una ley que pretende que España deje de estar en los últimos puestos de la Unión Europea en el uso de Internet y las nuevas tecnologías pero que incluye vaguedades e indefiniciones que la convierten en una mera declaración de principios.

Todos los grupos votaron a favor de la enmienda transaccional que garantiza la cobertura universal de banda ancha en todo el territorio nacional. La ley incluso pone fecha a esta cobertura: el 31 de diciembre de 2008. Lo que no dice es cómo van a conseguir Gobierno y Comunidades Autónomas este objetivo, ni quién va a financiar la extensión del servicio a zonas rurales escasamente pobladas. Además, el texto legal establece el derecho de los españoles a disfrutar de banda ancha “siempre que sus peticiones sean razonables“ y “en los términos que se definan por la normativa vigente”. Es decir, deja abierta la puerta a excepciones.

Una enmienda aprobada este martes elimina la pretensión inicial del PSOE de aprovechar esta ley para establecer sanciones para radios o televisiones que emitieran sin permiso y responsabilidades administrativas para los responsables de contenidos de estos medios.

El texto corrige también la pretensión inicial de ciertos grupos de presión como la SGAE de cerrar páginas web sin orden judicial. Una enmienda establece que sólo "la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas" en los casos que afecten a la libertad de expresión o información. Pero deja abiertos cuatro supuestos en los que "autoridades competentes" pueden intervenir: la "salvaguarda del orden público, la investigación penal o la defensa nacional", "la protección de la salud pública y de los consumidores y usuarios", cuando se vulnere "el respeto por la dignidad de la dignidad de la persona y la no discriminación por motivos de raza, sexo, opinión nacional o discapacidad", y para la "protección de la juventud y la infancia".

La diputada Lourdes Muñoz hizo referencia al Consejo Audiovisual de Cataluña y al Ministerio de Industria, como ejemplo de autoridades que actualmente pueden ordenar la retirada de contenidos en otros ámbitos, pero afirmó que "la censura no entra en esta ley".

Diversas asociaciones como Hispalinux, ATI, Internautas y otras que en conjunto representan a más de 490.000 profesionales de las TIC habían presentado propeustas de enmiendas que ne algún caso habían sido recogidas por grupos minoritarios. Finalmente, muchas de estas propuestas no han sido contempladas, y otras solo parcialmente. Por ejemplo, la nueva ley establece la obligatoriedad para las administraciones públicas de liberar en Internet su propiedad intelectual para el uso, estudio y libre difusión de los ciudadanos. Sin embargo, no pone fecha límite a esta obligación, lo que en la práctica la convierte en una manifestación de buenas intenciones.

Jose Ignacio Echániz, portavoz del PP, declaró las medidas aprobadas son "escasas, poco eficientes y poco oportunas por los plazos de aprobación y la lentitud", y se limitan a "pequeños retoques" que no asumen de forma "valiente" el desarrollo de la SI "para abandonar los últimos puestos de la UE".

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