La SGAE quiere que los proveedores de internet persigan la descarga de archivos P2P

(Libertad Digital) La SGAE reclama al Gobierno un marco regulatorio semejante al adoptado por Francia para la protección de los derechos de autor en Internet en España, tal y como ha manifestado Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la entidad, en el transcurso del V Foro de las Evidencias Electrónicas, celebrado en Madrid.

 

Farré ha declarado que en la actualidad el sector de los contenidos se encuentra indefenso en la Red: “Cada segundo se descargan ilegalmente 30 ficheros culturales en nuestro país. Somos el sexto país con mayor índice de piratería digital, según las cifras aportadas por Estados Unidos”.

 

Según Pedro Farré, en los últimos años “no hemos mejorado en la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital”, debido, en gran parte, “a una falta de concienciación social y a la falta de eficacia de las soluciones aportadas desde los poderes públicos”. Por ello, aboga por implantar en España un marco regulatorio similar al de Francia, en donde los operadores están obligados por ley a localizar y desconectar a todos aquellos usuarios que se descargan archivos en plataformas P2P.

 

 

De hecho, un reciente estudio del Instituto de Derecho de Autor, vinculado a la SGAE, opta por regularizar este tipo de prácticas instaurando un sistema de licencias que permita la explotación de obras protegidas. Así, los usuarios tendrían que abonar un plus a su operador de internet para compartir archivos, tal y como adelantó LD.

 

Farré ha resaltado que “el sector cultural supone un 3,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), constituye un valor añadido y, además, contribuye a mejorar la imagen de la marca España”. Sin embargo, tal dato está abierto a la interpretación, y podría ser muy inferior, puesto que el Gobierno contabiliza como cultura ciertos componentes en este ámbito que difícilmente pueden ser interpretados como elementos culturales en sentido estricto, tales como medios de comunicación o aparatos de grabación y reproducción.

 

Así, un análisis más profundo de los datos muestra que, en realidad, el valor económico de la cultura nacional apenas superaba el 2,5 por ciento del PIB en 2005, tal y como avanzó LD. Inferior, pues, a la aportación que realiza la agricultura, la ganadería y la pesca (2,8 por ciento).

 

 

Por su parte, la Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha mantenido una línea similar a la defendida por SGAE. Así lo ha expresado Arteri Rallo, su director, al sostener que es ineludible encontrar el equilibrio entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la tutela judicial. Rallo ha concretado que “los programas P2P plantean riesgos que entran en conflicto con el derecho a la tutela judicial”.

 

“En este ámbito la Agencia cree que es necesario equilibrar el derecho a la intimidad con el de autor. Falta un marco legal que garantice ambos derechos”, ha matizado el director de la Agencia de Protección de Datos.