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La web de descargas Rapidshare es condenada a vigilar mejor a sus usuarios

Las descargas directas se han convertido en el medio predilecto de muchos internautas para obtener canciones, series o películas, pero su rapidez y facilidad de uso también las hace más vulnerables a las demandas.

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Logotipo de Rapidshare

Muchos usuarios han pasado de intercambiar ficheros mediante redes P2P a hacerlo a través de las webs de descargas directas como Rapidshare o Megaupload. De ahí que las entidades de gestión de autor hayan decidido actuar con estas páginas en los tribunales.

Rapidshare es la web de descargas directas más popular del mundo y está situada en el puesto 17 del ranking de Alexa de las webs más visitadas. Su principal competidor, Megaupload, se sitúa en el número 70 en la misma clasificación y el tercero en discordia, MediaFire, en el 87. Aunque su origen es alemán, actualmente está radicada en Suiza. La entidad de gestión GEMA –el equivalente a la SGAE en Alemania– empezó a demandar a la web en 2007, pero los reveses legales sufridos por la web no le han impedido seguir operando.

Aunque se ha publicado en varios medios que el juez ha multado con 24 millones de euros a Rapidshare, lo cierto es que esa cifra es sólo la estimación que ha hecho el magistrado del valor de las 5.000 canciones que han sido compartidas en el servicio y a cuyos autores representa GEMA. El fallo indica que debe implementar un filtrado de contenido proactivo para evitar posteriores demandas.

No obstante, en enero de 2008 otro tribunal tomó una decisión similar y Rapidshare contrató a seis trabajadores dedicados exclusivamente a retirar contenidos protegidos e implementó un sistema que impedía que volvieran a subirse los archivos retirados por más que se les cambiara el nombre. No obstante, cualquier cambio en los contenidos hacía que la técnica empleada no detectara que se trataba, esencialmente, de lo mismo.

Así, otro fallo de octubre de 2008 y el de esta semana obligan a Rapidshare a que sus mecanismos de control sean efectivos. No obstante, la web recurrirá porque considera imposible implementar ningún mecanismo de control porque los usuarios pueden cifrar los archivos o protegerlos mediante contraseña, haciendo imposible saber su contenido.

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