La técnica utilizada por Moncloa es ya habitual: proponer una ley impopular y dejar que los críticos se ceben en sus peores aspectos para luego retirar éstos y dejarlos sin argumentos. En general, los internautas se han opuesto desde hace mucho tiempo a la intervención del Gobierno en internet para favorecer los intereses del lobby de la propiedad intelectual, pero centraron sus críticas en la forma subrepticia en que se intentaba pasar la legislación y el órgano administrativo encargado de censurar los sitios web.

Así, al eliminar, al menos en apariencia, ambos problemas, el Gobierno espera poder recuperar la iniciativa en un debate que tenía perdido frente a la opinión pública.

Sin embargo, hay varias trampas en este "afeitado" de la ley. La primera es que en el texto no se modifica ningún aspecto de ninguna Ley Orgánica, tal y como prometió Caamaño en rueda de prensa este viernes. Además, la reforma continúa inserta en la Ley de Economía Sostenible. De modo que se sigue hurtando del debate necesario en el parlamento, al incluirse estas medidas dentro de una legislación más amplia.

Además, según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, esta ley no coloca a los jueces en el papel de decidir si un sitio web vulnera o no los derechos de propiedad intelectual de un tercero; ese papel continuará perteneciendo a la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se limitará a evaluar si el cierre vulnera los derechos de libertad de expresión.

La llamada Ley Sinde, en definitiva, elimina de las jurisdicciones penal y civil los casos sobre la posible violación de las leyes sobre propiedad intelectual de las webs de enlaces, que no albergan contenidos protegidos sino sólo facilitan encontrarlos en los ordenadores de otros internautas, y permite al Gobierno cerrar cautelarmente estas web. Tendrían que ser los propietarios de las mismas quienes recurrieran la decisión, a sus expensas. A la SGAE y demás gestoras, en cambio, les saldrá gratis, pues será el Gobierno quien defienda sus intereses en los tribunales.