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González-Sinde resta importancia a la denuncia por conflicto de intereses

En una entrevista de Pepa Bueno en Los Desayunos de TVE, González-Sinde ha hablado sobre la denuncia interpuesta contra ella por la Asociación de Internautas por conflicto de intereses.

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En una entrevista de Pepa Bueno en Los Desayunos de TVE, González-Sinde ha hablado sobre la denuncia interpuesta contra ella por la Asociación de Internautas por conflicto de intereses.
Ángeles González-Sinde, en su toma de posesión. (Archivo/EFE)

Entre la creación de un Premio Nacional de Televisión y las quejas porque las salas fuera de las grandes ciudades no ponen cine español, Pepa Bueno tuvo tiempo de comunicarle a González-Sinde –eso sí, sin repreguntar– que la cuestión que más había recibido el programa Los Desayunos de TVE a través de su web era sobre la denuncia por conflicto de intereses presentada por la Asociación de Internautas.

Para la ministra es una suerte que "vivamos en una democracia donde hay unas leyes y unos mecanismos clarísimos para que no existan estos conflictos de intereses" y así puedan acceder a la gestión pública personas procedentes del sector privado que no sean "profesionales de la política". "Ejercer un cargo público no está vetado a los ciudadanos", es el argumento de González-Sinde para eludir dar ningún detalle sobre las acusaciones concretas que se le han hecho.

"Me parece bien que exista esta preocupación por la honestidad de nuestros políticos", dijo González-Sinde, especialmente cuando "existen algunos casos en que no está tan clara esa transparencia en la gestión". Para la ministra, "esto va con el cargo" y ha asegurado que cumplirá con la ley.

Sin embargo, según la denuncia de la Asociación de Internautas, González-Sinde ya habría violado la ley al aprobar una generosa ampliación de las ayudas al cine, que alcanzaba los 8.600.000 euros. Según la ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración del Estado, la actuación de González-Sinde podría considerarse una infracción muy grave, que llevaría aparejada la destitución de la ministra.

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