Un juzgado de Barcelona archiva el primer caso en España sobre supuesta piratería por redes P2P
Como anunciaron en julio, las empresas fabricantes de software, como las discográficas en EEUU, ya han empezado a presentar denuncias contra los usuarios de redes de pares (P2P). Sin embargo, hubo algunas asociaciones empresariales que se adelantaron. La primera denuncia se presentó ante un juzgado de Barcelona en mayo pasado. Es el primer caso que se da en España y, según pudo saber Libertad Digital, la juez de instrucción acabó archivándolo.
(Libertad Digital) Según ha publicado el abogado Carlos Sánchez Almeida en Kriptópolis, "en un caso reciente ocurrido en Barcelona, a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) y la Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional (ADIVAN), la Policía procedió a la detención de tres miembros de una misma familia. La acusación se basaba en la descarga y tráfico, presuntamente a juicio de los denunciantes, de un juego de ordenador y tres películas, concretamente Qué bello es vivir, El rey escorpión y Pearl Harbour, obtenidas mediante descargas de una red P2P".
Los datos publicados por Almeida alertaron a la redacción de Libertad Digital que, después de múltiples gestiones y consultas a fuentes jurídicas en Barcelona, pudo tener acceso a una serie de documentos relativos a la instrucción judicial sobre el primer caso en España sobre el intercambio de archivos a través de redes de pares. El caso se remonta a septiembre de 2002, cuando uno de los miembros de la familia denunciada, presuntamente, se bajó tres películas y un juego de ordenador. Las asociaciones empresariales denunciantes, ADESE y ADIVAN, afirmaban que habían tenido conocimiento del presunto delito, aunque se desconoce cómo pudieron hacerlo. La denuncia, además, no sólo acusaba al usuario de "bajarse" el programa y las películas, sino también de "traficar" con ellos, según las mismas fuentes.
A pesar de que la denuncia se basaba en unos indicios obtenidos de una forma que varios abogados consultados por Libertad Digital califican de "extraña", finalmente fue admitida a trámite y la Policía Judicial se puso a trabajar en el caso. Según los documentos de la instrucción, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, los agentes obtuvieron permisos judiciales para conocer desde qué ordenador concreto se había cometido el presunto delito. Sin embargo, el trabajo de la Policía, impecable en el respeto a los derechos de los denunciados, chocó finalmente con un impedimento: necesitaban una orden de registro del domicilio para saber qué miembro de la familia era el presunto delincuente.
La juez instructora no autorizó el registro porque consideró que prevalecía el derecho a la inviolabilidad del domicilio, como marca la Constitución. Sin embargo, según pudo saber Libertad Digital a través de los documentos de la instrucción, al menos el padre de la familia fue detenido y tuvo que prestar declaración. El hombre reconoció que en su casa hay un ordenador que usan él, su hijo y su hija menor de edad. Incluso admitió que tienen el programa "Edonkey" para conectarse a las redes de intercambio de archivos, pero dijo desconocer si alguien de su familia había hecho algún encargo concreto a través de Internet para conseguir las tres películas y el programa de ordenador.
Como explica el abogado Carlos Sánchez Almeida en Kriptópolis, "los investigadores debieron advertirle que, de no reconocer él la autoría de los hechos, se verían obligados a detener a sus hijos, como más tarde se verificó". Sin embargo, finalmente la juez acabó archivando el caso el pasado 20 de junio y el padre no tuvo que autoinculparse para salvar a sus hijos de una posible condena por intercambiarse, presuntamente, tres películas y un juego de ordenador. En el auto en el que dicta el sobreseimiento, la magistrada Eugenia Canal Bedia afirma que "han resultado infructuosas las gestiones practicadas para conseguir identificar al autor o los autores del hecho".
Más información:
Puede elegir: usted o sus hijos, por Carlos Almeida. Publicado en Kriptópolis.com el 18 de septiembre de 2003.
Los datos publicados por Almeida alertaron a la redacción de Libertad Digital que, después de múltiples gestiones y consultas a fuentes jurídicas en Barcelona, pudo tener acceso a una serie de documentos relativos a la instrucción judicial sobre el primer caso en España sobre el intercambio de archivos a través de redes de pares. El caso se remonta a septiembre de 2002, cuando uno de los miembros de la familia denunciada, presuntamente, se bajó tres películas y un juego de ordenador. Las asociaciones empresariales denunciantes, ADESE y ADIVAN, afirmaban que habían tenido conocimiento del presunto delito, aunque se desconoce cómo pudieron hacerlo. La denuncia, además, no sólo acusaba al usuario de "bajarse" el programa y las películas, sino también de "traficar" con ellos, según las mismas fuentes.
A pesar de que la denuncia se basaba en unos indicios obtenidos de una forma que varios abogados consultados por Libertad Digital califican de "extraña", finalmente fue admitida a trámite y la Policía Judicial se puso a trabajar en el caso. Según los documentos de la instrucción, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, los agentes obtuvieron permisos judiciales para conocer desde qué ordenador concreto se había cometido el presunto delito. Sin embargo, el trabajo de la Policía, impecable en el respeto a los derechos de los denunciados, chocó finalmente con un impedimento: necesitaban una orden de registro del domicilio para saber qué miembro de la familia era el presunto delincuente.
La juez instructora no autorizó el registro porque consideró que prevalecía el derecho a la inviolabilidad del domicilio, como marca la Constitución. Sin embargo, según pudo saber Libertad Digital a través de los documentos de la instrucción, al menos el padre de la familia fue detenido y tuvo que prestar declaración. El hombre reconoció que en su casa hay un ordenador que usan él, su hijo y su hija menor de edad. Incluso admitió que tienen el programa "Edonkey" para conectarse a las redes de intercambio de archivos, pero dijo desconocer si alguien de su familia había hecho algún encargo concreto a través de Internet para conseguir las tres películas y el programa de ordenador.
Como explica el abogado Carlos Sánchez Almeida en Kriptópolis, "los investigadores debieron advertirle que, de no reconocer él la autoría de los hechos, se verían obligados a detener a sus hijos, como más tarde se verificó". Sin embargo, finalmente la juez acabó archivando el caso el pasado 20 de junio y el padre no tuvo que autoinculparse para salvar a sus hijos de una posible condena por intercambiarse, presuntamente, tres películas y un juego de ordenador. En el auto en el que dicta el sobreseimiento, la magistrada Eugenia Canal Bedia afirma que "han resultado infructuosas las gestiones practicadas para conseguir identificar al autor o los autores del hecho".
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Puede elegir: usted o sus hijos, por Carlos Almeida. Publicado en Kriptópolis.com el 18 de septiembre de 2003.
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