"No se va a cerrar nada en la red, ni webs ni blogs", dijo el presidente del Gobierno, y añadió que "si hay que aclarar algo en el anteproyecto de ley" elaborado por el Ministerio de Cultura "se hará". "Va a prevalecer siempre la libertad de expresión".

José Luis Rodríguez Zapatero salió así al paso a la gran polémica que se ha creado en torno a la "ley antidescargas" que prepara la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde que ha provocado una auténtica rebelión entre los internautas. La ley pretende, sin mandato judicial, que las páginas (en principio las de enlaces P2P, aunque podría afectar a cualquiera) alojadas en España se cierren y se bloquee el acceso a las alojadas en el extranjero, con la excusa de proteger los derechos de autor.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Zapatero dijo que, no obstante, "hay que proteger la propiedad intelectual porque si no nos quedaremos sin ella, sin fuerza intelectual, sin creación intelectual". Recordó que no es sólo un asunto español y que habrá que "articular alguna solución".

"Se ha interpretado la posibilidad de cerrar algunos espacios en la red. Ya digo que no, bajo ningún concepto el Gobierno está en esa posición y si hay que aclararlo se aclarará". Pero volvió a insistir seguidamente en que "un país que quiera tener propiedad intelectual debe protegerla y tendremos que encontrar la fórmula. Todo el mundo tiene que entenderlo". Aseguró que toda manifestación artística tiene unos derechos porque si no sería "imposible que hubiera gente creando y haciendo progresar al país. No se está protegiendo sólo al creador, se está protegiendo a todos los que disfrutan de esa creación porque si no, se acabará. Cualquier país serio procura proteger la propiedad intelectual".

"Aclararemos todo lo que haya que aclarar. Nada más lejos de nuestra intención que cerrar ningún elemento en la red", finalizó.

Precisamente, horas antes de la comparecencia de Zapatero en La Moncloa, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, había asegura que para cerrar o bloquear una página era necesaria el mandato de un juez, y que la comisión de expertos de González-Sinde sólo podía instar a la justicia al cierre o bloqueo de un página, pero no hacerlo por iniciativa propia.