L. D. / EP.-
Esta limitación fue decidida el 17 de mayo por el Departamento dirigido por Rodrigo Rato basándose en el artículo 27 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2000. Esta norma incluye la posibilidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos a empresas extranjeras con capital público que adquieran participaciones en el sector energético español .
Este era el caso de la alemana EnBW, cuyo capital está controlado en un 34 por ciento por la estatal Electricité de France (EDF), y de la portuguesa EDP, donde el Gobierno luso aún posee un 31 por ciento, pese a encontrarse en vías de privatización. La Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) lanzada el pasado 31 de marzo por Ferroatlántica y la alemana EnBW sobre Hidrocantábrico consiguió el 59,66 por ciento del capital de la empresa asturiana, mientras que la de EDP y Cajastur, a través de la sociedad Adygensinval, que se hizo con un 19,2 por ciento, pasando a controlar el 35 por ciento, dado que Cajastur y Caser contaban ya con el 15 por ciento.
Aumento de las interconexiones con Francia
Esta autorización del Gobierno español se produce después del visto bueno dado por Bruselas a la operación, una decisión propiciada por el acuerdo suscrito en julio entre Madrid y París para multiplicar por cuatro la capacidad de interconexión eléctrica entre ambos países. Este requisito satisface en parte los intereses del Gobierno español, que se ha quejado constantemente de la situación del país como isla energética.
Así, EDF y el operador de la red francesa de suministro eléctrico, RTE, se comprometieron a aumentar sustancialmente la capacidad comercial en la interconexión entre Francia y España a medio plazo. El acuerdo supone multiplicar por cuatro el volumen de las interconexiones entre los dos países, hasta alcanzar un total de 4.000 megavatios (MW) en un plazo de cinco a diez años. Para José María Aznar, el acuerdo sobre interconexiones es "plenamente satisfactorio" para España. El presidente del Ejecutivo se mostró "absolutamente convencido" de que se cumplirán los plazos previstos en un principio para realizar esta ampliación del volumen de interconexión, dadas las garantías ofrecidas por el Gobierno francés.
Este era el caso de la alemana EnBW, cuyo capital está controlado en un 34 por ciento por la estatal Electricité de France (EDF), y de la portuguesa EDP, donde el Gobierno luso aún posee un 31 por ciento, pese a encontrarse en vías de privatización. La Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) lanzada el pasado 31 de marzo por Ferroatlántica y la alemana EnBW sobre Hidrocantábrico consiguió el 59,66 por ciento del capital de la empresa asturiana, mientras que la de EDP y Cajastur, a través de la sociedad Adygensinval, que se hizo con un 19,2 por ciento, pasando a controlar el 35 por ciento, dado que Cajastur y Caser contaban ya con el 15 por ciento.
Aumento de las interconexiones con Francia
Esta autorización del Gobierno español se produce después del visto bueno dado por Bruselas a la operación, una decisión propiciada por el acuerdo suscrito en julio entre Madrid y París para multiplicar por cuatro la capacidad de interconexión eléctrica entre ambos países. Este requisito satisface en parte los intereses del Gobierno español, que se ha quejado constantemente de la situación del país como isla energética.
Así, EDF y el operador de la red francesa de suministro eléctrico, RTE, se comprometieron a aumentar sustancialmente la capacidad comercial en la interconexión entre Francia y España a medio plazo. El acuerdo supone multiplicar por cuatro el volumen de las interconexiones entre los dos países, hasta alcanzar un total de 4.000 megavatios (MW) en un plazo de cinco a diez años. Para José María Aznar, el acuerdo sobre interconexiones es "plenamente satisfactorio" para España. El presidente del Ejecutivo se mostró "absolutamente convencido" de que se cumplirán los plazos previstos en un principio para realizar esta ampliación del volumen de interconexión, dadas las garantías ofrecidas por el Gobierno francés.