L. D. / EP.-
El comisario europeo de Empresa y Sociedad de la Información, Erkii Liikanen, amenazó con llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE e imponer "sanciones fuertes" a aquellos países, que pueden ser hasta once, que no han liberalizado de manera efectiva el llamado bucle local. El bucle local de abonado es el circuito que enlaza a los domicilios con las centrales telefónicas locales y el libre acceso está considerado fundamental para que los nuevos operadores puedan ofrecer todo tipo de servicios.
En la presentación del séptimo informe sobre la puesta en marcha de la reglamentación en materia de telecomunicaciones, Liikanen avanzó que la CE anunciará el próximo 20 de diciembre los países a los que abrirá una investigación formal por no haber abierto el bucle local en sus respectivos territorios, tal y como deberían haber hecho desde el pasado 1 de enero.
El comisario evitó, sin embargo, señalar a los estados que no han cumplido sus obligaciones, aunque fuentes comunitarias precisaron que su número podría ascender hasta once, entre los que estaría incluida España, debido a que según los datos de julio de 2001, los únicos países que han logrado una liberalización efectiva del bucle local son Dinamarca, Suecia, Finlandia y Alemania, mientras que hay otro grupo en los que el sector permanece monopolizado.
La CE asegura que la liberalización del bucle local es hasta ahora "insatisfactoria", e insta a los Estados miembros a "acelerar" el proceso y, en caso de que no lo hagan, amenaza con imponerles "sanciones fuertes". Liikanen precisó que el próximo día 20, con el anuncio del número concreto de países a los que afectará, Bruselas les enviará una carta de emplazamiento, lo que supone la apertura formal de un proceso de infracción.
El Reglamento relativo a la liberalización del llamado "bucle local" de las telecomunicaciones entró en vigor el 31 de diciembre de 2000, fecha a partir de la cual los operadores tradicionales deberían haber puesto a disposición de otras empresas su red de infraestructuras de telecomunicaciones locales, el llamado "bucle local", en condiciones transparentes y con un precio de alquiler que refleje el coste real. Con el fin de evitar que los nuevos operadores tengan que acometer las inversiones multimillonarias que conllevaría instalar una nueva red de cable de cobre como la que ya existe, controlada por Telefónica en el caso español, los nuevos operadores pueden alquilar desde el pasado 1 de enero la red a los precios que se fije.
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En la presentación del séptimo informe sobre la puesta en marcha de la reglamentación en materia de telecomunicaciones, Liikanen avanzó que la CE anunciará el próximo 20 de diciembre los países a los que abrirá una investigación formal por no haber abierto el bucle local en sus respectivos territorios, tal y como deberían haber hecho desde el pasado 1 de enero.
El comisario evitó, sin embargo, señalar a los estados que no han cumplido sus obligaciones, aunque fuentes comunitarias precisaron que su número podría ascender hasta once, entre los que estaría incluida España, debido a que según los datos de julio de 2001, los únicos países que han logrado una liberalización efectiva del bucle local son Dinamarca, Suecia, Finlandia y Alemania, mientras que hay otro grupo en los que el sector permanece monopolizado.
La CE asegura que la liberalización del bucle local es hasta ahora "insatisfactoria", e insta a los Estados miembros a "acelerar" el proceso y, en caso de que no lo hagan, amenaza con imponerles "sanciones fuertes". Liikanen precisó que el próximo día 20, con el anuncio del número concreto de países a los que afectará, Bruselas les enviará una carta de emplazamiento, lo que supone la apertura formal de un proceso de infracción.
El Reglamento relativo a la liberalización del llamado "bucle local" de las telecomunicaciones entró en vigor el 31 de diciembre de 2000, fecha a partir de la cual los operadores tradicionales deberían haber puesto a disposición de otras empresas su red de infraestructuras de telecomunicaciones locales, el llamado "bucle local", en condiciones transparentes y con un precio de alquiler que refleje el coste real. Con el fin de evitar que los nuevos operadores tengan que acometer las inversiones multimillonarias que conllevaría instalar una nueva red de cable de cobre como la que ya existe, controlada por Telefónica en el caso español, los nuevos operadores pueden alquilar desde el pasado 1 de enero la red a los precios que se fije.
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