Durante su intervención en el programa La Noche de Dieter en esRadio, Juan Ramón Rallo cuestionó no solo los efectos de la Ley de Vivienda, sino también la legalidad de las presiones del Ejecutivo hacia las comunidades autónomas para imponer los topes de alquiler. Según el economista, esta ley ya ha mostrado su ineficacia en Cataluña, y su extensión a otras regiones podría tener consecuencias aún peores.
Para Rallo los efectos de la ley han sido devastadores para el mercado: "Ni los precios en Cataluña están bajando ni la facilidad de encontrar vivienda está mejorando, lo contrario, está empeorando de manera muy, muy drástica y significativa", afirmó.
En este sentido, comentó cómo la caída de la oferta de viviendas en alquiler se ha estancado o incluso reducido, mientras que la demanda sigue en aumento. Esta situación, según Rallo, ha generado un colapso en el mercado: "Antes se recibían 90 contactos por cada anuncio de vivienda, ahora la oferta no da abasto y esto es solo el principio". La razón de este fenómeno, argumenta, radica en que el control de precios distorsiona el mercado y limita la oferta.
Rallo señaló además que el verdadero problema del mercado de la vivienda en España es la falta de oferta. Según su análisis, el Gobierno no ha tomado medidas para facilitar la construcción de nuevas viviendas, ni desde el sector privado ni desde el público. Del Gobierno "socialdemócrata" que "hace gala de políticas públicas", recordó que el presidente Sánchez, antes de las elecciones, prometió la construcción de cientos de miles de viviendas públicas, promesa que sigue sin cumplirse.
Así, acusó al Gobierno de estar ejerciendo un "chantaje" sobre las comunidades autónomas para que impongan el control de precios del alquiler después de explicar Dieter como "la Ministra de Vivienda ha amenazado con no dar ni un euro de financiación estatal a aquellas comunidades que no apliquen esta ley".
Para Rallo, esta medida no solo es injusta, sino también anticonstitucional: "La competencia de si se establecen controles de precios en los alquileres o no es autonómica, y si una comunidad, decide no aplicar esa política, ¿qué sentido tiene el chantaje?".
Según el economista, el intento del Gobierno de Sánchez de "recetentralizar por la puerta de atrás" la política de vivienda en España es inaceptable. Además, recordó que la financiación de las comunidades no es un "favor" del Gobierno, sino un derecho que les corresponde constitucionalmente.