El Tribunal de Apelación del Reino Unido ha rechazado la apelación presentada por el Reino de España en el caso Antin (Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. y Energía Termosolar B.V. contra Reino de España), ratificando así el fallo de 2023 que obliga a España a indemnizar con 101 millones de euros a las empresas demandantes. La indemnización, basada en un laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), se deriva de los cambios retroactivos que España aplicó a las primas y otros incentivos a las energías renovables.
Este laudo, emitido de forma definitiva en 2019, es parte de una oleada de más de 25 casos que los inversores internacionales han ganado en arbitrajes contra España, sumando más de 1.560 millones de euros en indemnizaciones. A esta cifra se añaden cerca de 325 millones en sobrcostes judiciales y financieros que España también debe asumir.
Según la decisión judicial a la que ha tenido acceso Libre Mercado, España intentó que el laudo fuera anulado, alegando inmunidad soberana y basándose en sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, según su interpretación, invalidan los arbitrajes intraeuropeos bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Sin embargo, el tribunal británico rechazó estos argumentos, recordando que los laudos emitidos bajo el sistema CIADI son vinculantes para los países firmantes y deben ser ejecutados.
La sentencia también critica duramente la línea de defensa empleada por España. "Los argumentos presentados invitan a desviarnos del significado ordinario de las palabras utilizadas en la Convención y a subvertir en lugar de aplicar su objeto y propósito", según los jueces británicos. Esta sentencia refuerza la posición del Reino Unido a la hora de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de arbitraje de inversiones.
Desde 2023, las empresas afectadas han solicitado el embargo de bienes del Reino de España como medida de presión para garantizar el pago de los laudos. Tribunales en Estados Unidos, Australia, Bélgica y el Reino Unido ya han autorizado la congelación de activos, incluyendo tres inmuebles en Londres (entre ellos, la sede del Instituto Cervantes), varias cuentas bancarias, y derechos sobre indemnizaciones internacionales, como los pagos pendientes por el desastre del Prestige.