Una vez más, y con el impulso de Ibercaja Pensión, el grupo Libertad Digital invita a un desayuno de análisis a grandes expertos en el sector como el profesor de economía del IESE Javirer Díaz Giménez, el director general de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizárraga, el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama y el director general de Finect, Vicente Varó, con el objetivo de analizar el problema que se plantea ahora y es que esos planes de empleo de pensiones no terminan de extenderse como el administrador desea.
José Carlos Vizárraga, director general de Ibercaja Pensión
El director general de Ibercaja Pensión arrancaba el debate sin perder un minuto, señalando el problema: las pymes son reacias a suscribir planes de empleo. Según su análisis "hay una realidad y es que los salarios y los sueldos de la mayoría de pymes no pueden soportar un incremento de costes o una reducción de salarios", es decir, "no podemos pedir a la gente que aumente sus costes y que otros se reduzcan sus salarios", que es una de las consecuencias evidentes de la suscripción de un plan de empleo.
Desde la experiencia, Vizárraga señalaba que actualmente su firma ofrece planes de empleo para empresas en sectores tecnológicos y grandes empresas donde existe una "gran pujanza" con empresas grandes y buenos recursos, que son las que pueden permitirse el establecimiento de este tipo de planes que, entre otras cosas, sí que permiten a sus empleados o suscriptores hacer aportaciones mayores y, por lo tanto, obtener el beneficio fiscal.
Esto en sí mismo, recordaba Vizárraga, supone una fuerte discriminación ya que precisamente sitúa en una fuerte desigualdad a aquellos empleados de estas grandes empresas que pueden beneficiarse de estas condiciones, frente a los empleados de las pymes que no adoptan los planes de empleo, y que, en cambio, no tienen alternativa ni acceso a estos beneficios fiscales.
Otro de los problemas con los que se ha encontrado ha sido el de que el trabajo para la industria se ha multiplicado ya que hay que estar muy pendiente de los calendarios de cada convenio colectivo y son muchísimos los convenios colectivos de los distintos sectores y esto hace que cada player del mercado tenga que establecer negociaciones con los propios sectores para introducir en sus convenios los planes de empleo.
En este sentido, Vizárraga cogía el toro por los cuernos y afirmaba que desde el sector están tratando de ofrecer buenas soluciones que mitiguen los problemas que se están encontrado para generar atracción a estos productos para las pymes y empresas. En este sentido, han sacado la aplicación "PENSUMO", una aplicación en la que para cada compra que se realice con la aplicación en un comercio asociado, se recibe un porcentaje que se irá acumulando en el plan de pensiones. Una especie de redondeo que va entrando en el plan de pensiones.
Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco
El presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, coincidía en que es cada vez más difícil para las empresas la posibilidad de ofrecer un servicio como los planes de empleo a sus trabajadores, son cada vez más difíciles.
Recordaba Martínez Aldama que aunque el grueso de la ciudadanía no perciba un problema de sostenibilidad la "realidad es tozuda" y para muestra, puso el botón del último informe de la Unión Euorpea que señala que España va a tener que hacer un esfuerzo adicional de 3,5 puntos del PIB adicionales para soportar sus pensiones públicas frente al esfuerzo medio de la UE del 0,4%. Esto supone para nuestro país 51.000 millones de euros.
Esto unido a que "tenemos un problema de estímulo al ahorro", decía Martínez Aldama, hace que el problema de que se pierda ahorro privado para la jubilación sea un asunto de primer orden que debería convertirse en una prioridad.
Sin embargo, debemos pasar "de los informes a la acción". Para el presidente de Inverco es evidente que la mejor solución es el sistema multipilar, pero para hacer que funcione hay que incentivar que exista una concienciación de la sociedad y "cuanto más se promociona uno de los pilares menos espacio queda para los demás".
En cuanto al papel de los legisladores, Martínez Aldama se quejaba de que en España no se ha querido imitar lo que se hace en los países con los mejores sistemas de pensiones donde los comités de expertos independientes establecen las recomendaciones y son éstas las que se discuten en los parlamentos, no como aquí donde los comités de expertos ni son tan independientes, ni sus consejos son los que van al Parlamento.
En cuanto a las soluciones, recordaba que desde INVERCO ya habían propuesto soluciones sin coste fiscal, como la obligación de que los convenios colectivos fijaran la discusión sobre la contratación de un plan de empleo en su orden del día. Con coste fiscal, los incentivos fiscales a los trabajadores que hagan aportaciones o que se estimule a las empresas con mayores incentivos en impuestos de sociedades, no sólo de ese impuesto sino de bonificaciones a la seguridad social, para que sea un estímulo suficiente para que cuando lleguen a la negociación colectiva se apruebe con rapidez.
Profesor Javier Díaz Giménez
El profesor Díaz Giménez insistía en el problema de concienciación: "En primer lugar, en España tenemos un problema y es que los mileuristas no son conscientes de que pagan muchísimo a la Seguridad Social y además la gente no es consciente del problema que tenemos con las pensiones y con el Pacto de Toledo, el siniestro pacto del silencio", sentenciaba.
En este sentido, denunciaba que en España "no hemos hecho bien el diagnóstico" y las cifras hablan por sí solas, "el año pasado la seguridad social se pagaron 218.000 millones de euros en pensiones y la seguridad social gastó 151.000 millones. Es decir que 67.000 millones salen de "otras vías de financiación", es decir, de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de déficit más deuda, es decir, de más impuestos".
En esta situación, "si pensamos que en los próximos 20 años se va n a jubilar 14 millones de españoles", ¿con qué dinero se van a pagar las pensiones? Se preguntaba el profesor. Díaz Giménez no pone en duda que se paguen, sino los recursos que van a ser necesarios para que se paguen y lo que paulatinamente tendrá que pasar que es que vayan perdiendo poder adquisitivo. El problema es que si hay que detraer recursos para las pensiones, saldrán de otro sitio y será de los impuestos. Cada vez habrá menos dinero para otras cosas porque será necesario para pagar las pensiones.
Por estos motivos, Díaz Giménez coincidía con los otros especialistas en que las cosas empezarán a funcionar mejor cuando "la gente se dé cuenta de que va a mejorar mucho y van a vivir mejor si ahorra para complementar su pensión. Y cuando se den cuenta, la gente lo demandará al sector".
En la búsqueda de soluciones, el profesor Díaz Giménez, propuso una alternativa: "que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI, se destinara a capitalizar un sistema de cuentas personales administrada por la seguridad social". Es decir, que los impuestos que ya cobra el Estado en las nóminas a cuenta de este mecanismo, no vayan a alimentar las pensiones, sino que vaya a un sistema obligatorio de capitalización. Además, decía, "al sector le pondría las pilas", porque les obligaría a competir con mejores productos.
Vicente Varó, director de Finect
El director de Finect, Vicente Varó, por su parte, destacó que el problema que ha ocasionado el Gobierno desincentivando los planes privados en favor de los planes de empresa tiene una cara y una cruz. La cruz es el desplome de las aportaciones de ahorro privado en planes para complemento de la jubilación. Sin embargo, por otro lado, ha aumentado el interés por otros productos de inversión a largo plazo como son los fondos de inversión.
Además, denunciaba la discriminación que supone que sólo las grandes empresas sean las que pueden implementar los planes de empleo, ya que condenas a aquellos que no lo tienen, como los empleados de una PYME a no poder tener los incentivos fiscales de los primeros ni la posibilidad de ahorrar para el futuro como los empleados de las grandes multinacionales.
Como solución, Varó apuntaba la posibilidad de que el Ejecutivo habilitara que cualquier empleado cuya empresa no tenía puesto en marcha un plan de empleo, se pudiera adscribir al plan de empleo de otra compañía.