La campaña del gobierno español contra el sector financiero sigue causando estragos entre las empresas del ramo. En clave fiscal, la banca paga 5 puntos de recargo adicional en el Impuesto de Sociedades, soportando una tasa del 30% en vez del 25% que se fija como referencia para la mayoría de las compañías que operan en suelo español.
Además, en 2023 y 2024 se ha aplicado un recargo adicional que solamente en 2023 se tradujo en 1.695 millones de recaudación adicional, según datos facilitados por el gobierno. Se trata de un gravamen del 4,8% sobre los intereses y comisiones generados en España por parte de entidades con ventas superiores a 800 millones en 2019. De cara a 2025, el gobierno y sus principales socios están debatiendo la extensión del tributo, que podría subir al 7% de acuerdo con los documentos que se están tramitando en la Comisión de Hacienda del Congreso.
Por si no fuese suficiente, determinadas operaciones financieras han quedado sujetas al pago de la llamada Tasa Tobin, que en 2023 aportó 270 millones de euros a las arcas de Hacienda. Tres golpes impositivos que inciden directamente sobre el margen de maniobra de los bancos españoles y su operativa general.
El Ejecutivo se refiere continuamente al sector financiero como si se tratase de un sector que navega en la abundancia y puede seguir incrementando su contribución fiscal sin que ello suponga un problema para la economía española. Sin embargo, el impacto de esta deriva populista ya se ha hecho evidente en las cifras de concesión de financiación al sector privado, que han caído en 40.125 millones durante el primer bienio de aplicación del recargo tributario aplicado a las entidades. Por cada 1 euro recaudado con el nuevo gravamen bancario se han perdido 17 euros de crédito para empresas y familias.
Si ampliamos el foco y analizamos la evolución del sector financiero desde la crisis de 2007-2008 hasta el año 2023, último con datos cerrados, podemos comprobar el fuerte retroceso que ha experimentado esta rama de actividad. Según los datos que ha recopilado el periodista Aurelio Medel, el PIB de España ha crecido un 36% desde 2007, pero la concesión de crédito ha caído un 36%, al bajar de 1,77 a 1,13 billones de euros a lo largo del citado periodo. En el mismo periodo, los depósitos se incrementan apenas un 7%, hasta 1,4 billones de euros, de modo que su repunte ha sido cuatro veces menor que el crecimiento del PIB.
Los tres principales grupos financieros (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter) han sufrido una caída de su beneficio en España del 32%, pasando de 12.700 a 11.700 millones entre 2007 y 2023. Durante este periodo, se han destruido 115.000 puestos de trabajo en el sector (el 41%) y se han cerrado 27.850 puntos de atención al cliente (una caída del 61%). Estos datos, expuestos por Medel y apoyados en información financiera de las propias entidades y en documentos del Banco de España, reflejan la destrucción de valor que ha vivido un sector al que el gobierno se empeña en seguir golpeando.
Aplicar dos capas de gravámenes específicos sobre el sector solamente contribuye a agravar el problema y golpea severamente la capacidad de un sector vital para apoyar el desarrollo productivo de la economía. En la medida en que los bancos españoles se ven sujetos a una presión fiscal aún más elevada de la que sufren las demás empresas de nuestro país, la concesión de crédito se convierte en una tarea aún más complicada, con todo lo que eso supone para el sector privado.
Ante esta tesitura, no sorprende que la banca española se haya volcado en expandir sus distintas líneas de negocio internacional, que ya representan el 55% de los activos financieros del sector, un salto de diez puntos porcentuales en relación con los datos que se alcanzaban hace una década, en 2015. Solamente Reino Unido, Singapur y Finlandia presentan tasas más altas de internacionalización en su sector financiero. En 2023, el 70% del beneficio ordinario generado por la banca española provino de su operativa en otros países. En estos mercados foráneos, su margen de intereses fue del 2,3% más que duplicando el 1,3% alcanzado en España. Los datos anteriores, recogidos por el catedrático Joaquín Maudos en Funcas, muestran hasta qué punto la actividad doméstica de las entidades sigue situándose en niveles francamente decepcionantes.