El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha solicitado formalmente al Gobierno de Donald Trump que emita una opinión sobre un asunto de gran calado diplomático y económico: la invocación de inmunidad soberana por parte de España para eludir el cumplimiento de los seis laudos arbitrales del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) registrados hasta la fecha ante tribunales estadounidenses.
La decisión del Supremo abre una nueva fase en el conflicto entre los inversores internacionales y el Estado español, que lleva años negándose a pagar indemnizaciones millonarias derivadas del recorte retroactivo a las primas de las energías renovables.
Jurisprudencia clara
Hasta ahora, la doctrina de los tribunales estadounidenses ha sido inequívoca: bajo la legislación que incorpora el Convenio del CIADI, los laudos deben reconocerse y ejecutarse "como si fueran sentencias de un tribunal federal", sin margen para excepciones por inmunidad soberana. Así lo han reiterado sucesivamente la Corte de Distrito de Columbia y varias Cortes de Apelación, que han rechazado los intentos del Reino de España de invocar el Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA).
La razón es simple: al firmar y ratificar el Convenio del CIADI, España renunció implícitamente a su inmunidad en lo relativo a la ejecución de laudos. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado el caso al Supremo alegando que cumplir esas sentencias violaría el Derecho de la Unión Europea, en particular la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (casos Achmea y Komstroy), que prohíbe arbitrajes intra-UE bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Hasta ahora, los jueces norteamericanos han afirmado que esta jurisprudencia es aplicable en suelo europeo, pero no en Estados Unidos.
El papel de Washington
La petición del Supremo implica que el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio deberán pronunciarse. No se trata de un trámite menor: la posición del Ejecutivo estadounidense puede influir decisivamente en la decisión final del Alto Tribunal, al fijar si los laudos deben cumplirse o si existe margen para invocar inmunidad soberana.
La Administración Trump podría además ponderar los intereses de inversores estadounidenses afectados por el impago de España —fondos y compañías con participación directa en proyectos renovables— y la necesidad de preservar la credibilidad del sistema internacional de arbitraje.
Un conflicto jurídico con trasfondo político
El caso llega en un momento de tensión estructural entre los gobiernos de Sánchez y Trump, marcada por diferencias ideológicas, estratégicas y diplomáticas. Así, más allá de los laudos, uno y otro Ejecutivo se encuentran en lados opuestos de numerosas cuestiones, caso del trato a Israel, la financiación de la OTAN, la postura diplomática con Cuba o Venezuela, las relaciones con China…
A esto hay que sumarle la falta de sintonía ideológica o, directamente, los ataques que el gobierno de Sánchez ha dedicado al presidente estadounidense. No hay que olvidar tampoco que Washington mira con malos ojos la introducción de la Tasa Google, así como la política migratoria que ha venido siguiendo Moncloa o, por descontado, la agenda woke del PSOE y sus socios.
Lo que está en juego
El pronunciamiento del Gobierno de Trump será clave para definir la respuesta del Supremo. Si Washington mantiene la línea histórica de apoyo al cumplimiento del CIADI, España podría enfrentarse a ejecuciones inmediatas y embargos de activos en territorio estadounidense. Si, en cambio, el Ejecutivo se muestra receptivo a los argumentos de inmunidad soberana, el Supremo podría introducir complicaciones para la ejecución de laudos internacionales frente a Estados soberanos.
En cualquier escenario, el choque entre los principios del arbitraje internacional y la política exterior de Pedro Sánchez promete convertirse en uno de los grandes retos de credibilidad jurídica y diplomática de España ante la comunidad internacional.