Iberdrola, la compañía energética liderada por Ignacio Sánchez Galán, ha decidido emprender acciones legales contra Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica de España), tras las declaraciones de esta última en el Senado, donde señaló a una planta fotovoltaica de la empresa en Badajoz como el origen del apagón masivo del 28 de abril de 2024. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Iberdrola considera que las afirmaciones de Corredor perjudican gravemente su imagen corporativa.
De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la eléctrica ya ha iniciado los trámites previos a la presentación de una denuncia formal. El conflicto surge a raíz de las declaraciones de Corredor durante su comparecencia el pasado 11 de septiembre en la Comisión de Investigación del Senado sobre el apagón.
En esa sesión, la presidenta de Redeia atribuyó el "cero energético" a la "mala gestión" de ciertas empresas eléctricas, destacando que una planta fotovoltaica en Badajoz, gestionada por una compañía privada, habría desencadenado el incidente. Aunque no mencionó nombres directamente, Corredor señaló que la planta en cuestión había realizado un "experimento" en su operativa, lo que habría generado una oscilación anómala de 0,6 Hz a las 12:03 horas, debilitando el sistema eléctrico.
Corredor se limpia las manos
Corredor también afirmó que existían registros físicos que demostraban que el problema comenzó en esa instalación, y añadió que la misma planta ya había registrado un fallo similar en 2023, según la documentación disponible. Estas declaraciones han sido interpretadas por Iberdrola como un ataque directo a su reputación, especialmente porque la planta señalada sería 'Núñez de Balboa', ubicada en Badajoz y operada por la compañía.
En respuesta, Iberdrola exigirá a Corredor que se retracte públicamente de sus afirmaciones, argumentando que estas afectan negativamente la imagen de la empresa. Además, no es la primera acción legal de la energética en relación con este incidente. En mayo, Iberdrola ya presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar aclaraciones sobre la creación del Comité gubernamental que investiga las causas del apagón, con el objetivo de garantizar su legitimidad jurídica.
Hay que recordar que en todo lo que tiene que ver con el apagón sufrido el pasado 28 de abril el Gobierno no ha asumido ningún tipo de responsabilidad por lo sucedido, ni tampoco lo ha hecho así Redeia, a pesar de todas las pruebas que apuntan a que fue un fallo del propio organismo público. La estrategia tanto del Gobierno como de Corredor ha sido la de culpar a las empresas privadas y la de escurrir el bulto desde que ocurriera el citado apagón.
El enfrentamiento entre Iberdrola y Redeia pone de manifiesto las tensiones en el sector eléctrico tras el colapso del sistema el pasado abril, un evento que dejó sin suministro a la Península Ibérica y que aún genera controversia sobre las responsabilidades de los actores involucrados.
Este caso no es sino una muestra más de la tónica que ha asumido el Gobierno de Sánchez desde su inicio, que es el de culpar de todo lo malo que pasa al sector privado, en lugar de reconocer los fallos propios de sus malas políticas.