La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está empeñada en intervenir, aun más, el mercado laboral español, incrementando el excesivo control que ya ejerce sobre los trabajadores y los empresarios. Un ejemplo de ello lo encontramos en la propuesta impulsada desde este propio Ministerio en relación con el registro horario, con el fin de que Inspección pueda acceder en tiempo real y por remoto a la información laboral y los fichajes de los trabajadores españoles.
En este sentido, una de las principales cruzadas de la ministra de Trabajo ha sido la persecución contra los riders. Sin embargo, el CEO de Glovo, Óscar Pierre, ha detallado que en un plazo de cinco o diez años la plataforma usará robots "terrestres o aéreos" para realizar las entregas de sus pedidos. Una vez más, vemos que las normativas con las que se pretenden proteger a ciertos colectivos, a la larga provocan los resultados contrarios que se buscaban inicialmente.
Persecución gubernamental
En el marco del foro World in Progress, este martes el CEO de Glovo, Óscar Pierre, ha adelantado los grandes avances que implementará en su empresa en los próximos años. En este contexto, por un lado, Pierre ha querido subrayar que, en los próximos años, la compañía crecerá en nuevos verticales, puesto que el 80% de los pedidos que gestiona son de comida. Además, ha explicado que Glovo está electrificando su flota.
Por otra parte, Glovo no va a quedarse al margen de la gran innovación tecnológica de la actualidad: la Inteligencia Artificial. Así, Pierre ha detallado que la compañía está introduciendo esta tecnología para automatizar tareas manuales, como la gestión de incidencias, la subida de fotos o los cambios de precios. De hecho, el CEO de la empresa de reparto no ha dudado en subrayar cómo la utilización de IA impulsa la eficiencia de los procesos.
No obstante, resulta especialmente relevante las intenciones del CEO de Glovo de que la empresa de reparto utilice robots "terrestres o aéreos" para las entregas de los pedidos en un plazo de entre cinco y diez años. De este modo, se demuestra que la iniciativa privada tiende a escapar del control gubernamental, sobre todo si las normativas implantadas son cada vez más restrictivas, como ocurre con Yolanda Díaz.
Recordemos además, como hemos publicado en Libre Mercado, que la empresa ha puesto en duda ya su continuidad en nuestro país debido a las multas que se les ha impuesto por la 'Ley Rider'. Concretamente, las reclamaciones de la Seguridad Social a la empresa de reparto alcanzan ya los 450 millones de euros en sanciones y cuotas. El motivo de estas multas radicaría en que la empresa habría clasificado a los repartidores como autónomos, en lugar de como asalariados.
Con todo, el empresario ha detallado también cómo ha evolucionado su modelo de negocio en los últimos años. "Con el tiempo se ha convertido en un negocio con inversores y clientes, y el apetito por el riesgo empieza a bajar", ha aseverado, explicando que esto es algo "natural", dado que entonces la compañía no tenía tanto que perder como en la actualidad.