El Instituto Juan de Mariana (IJM) ha publicado un nuevo informe sobre los efectos del fuerte incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las conclusiones son contundentes: la política salarial del Ejecutivo está comprimiendo los sueldos, frenando la movilidad social y destruyendo empleo, especialmente en las provincias menos prósperas y en las pequeñas y medianas empresas.
Según el documento, entre 2018 y 2023 el salario mínimo creció un 26% en términos reales, mientras que el salario más frecuente cayó desde casi 16.000 euros hasta menos de 14.000.
El IJM subraya que la brecha entre el salario modal y el SMI ha pasado "del 40% al 3%", convirtiendo una diferencia histórica de casi 8.000 euros en apenas 400 euros.
El centro de estudios liberal interpreta este fenómeno como "una igualación salarial… por abajo". A juicio de los autores del informe, el mercado laboral español no está elevando los salarios bajos, sino que está empobreciendo el tramo central de la distribución salarial, lo que afecta de lleno a la clase media trabajadora.
Provincias y pymes: el golpe territorial
El informe recuerda que el SMI supera el 60% del salario medio en 42 provincias y alcanza cifras extremas en territorios como Ávila, donde representa el 90,8% del sueldo medio en pymes. En otras provincias como Zamora, Badajoz, Murcia o Alicante, la incidencia también supera el 85%.
"Este nivel de presión salarial hace casi imposible contratar y retener empleo en sectores intensivos en mano de obra y en regiones con menor productividad", advierten los autores.
Hasta 270.000 empleos destruidos
El IJM recuerda que, según estimaciones recogidas por el Banco de España, la subida del SMI de 2019 supuso la desaparición de hasta 174.000 puestos de trabajo. Sumando los efectos posteriores, el impacto total asciende a 210.000 empleos destruidos entre 2019 y 2023, con previsiones de llegar a 270.000 en 2024.
Sectores como la agricultura y el empleo doméstico han sido especialmente castigados, con 20.000 y 14.000 empleos menos, respectivamente.
Paro "maquillado" y dependencia creciente del Estado
El documento critica duramente la narrativa triunfalista del Gobierno en materia laboral. Según el IJM, la caída del paro difundida por el Ejecutivo "está distorsionada por la reclasificación de los fijos discontinuos como ocupados", lo que explica "casi el 90% de la supuesta reducción del paro".
A ello se suma un incremento explosivo de la dependencia estatal: más de 7 millones de personas reciben ayudas o subsidios, con un coste anual de más de 28.500 millones de euros.
El IJM sostiene que esta combinación de subsidios masivos, compresión salarial y destrucción de empleo está generando "una trampa asistencial que desincentiva el empleo y perpetúa la precariedad".
"Igualitarismo en la precariedad"
El informe concluye que España no está logrando una mejora salarial sostenible, sino "un igualitarismo en la precariedad".
"La alternativa no puede ser decretar salarios; debe ser mejorar la productividad, incentivar el esfuerzo y favorecer la competencia", señala el think tank. "Cuando el salario mínimo se convierte en el salario más común del país, la puerta de la movilidad social se cierra", concluye el documento.