Nuevo capítulo —y nuevo tropiezo— en la larga guerra judicial que libran contra el Reino de España las empresas inversoras en energías renovables que desplegaron más de 100.000 millones de dólares en nuestro país y acabaron sufriendo la retirada retroactiva de las primas e incentivos ofrecidos a tales proyecto. Según información a la que ha accedido Libre Mercado, la Corte de Distrito de Columbia, tribunal de Estados Unidos competente en la materia, acaba de confirmar el laudo de arbitraje favorable a la luxemburguesa 9Ren Holding, que invirtió más de 200 millones en el sector solar español cuando el Gobierno decidió desmontar el sistema de primas a las renovables, exigiendo la devolución de parte de los incentivos recibidos a golpe de modificaciones regulatorias y fiscales.
El tribunal estadounidense ordena ahora hacer efectiva la compensación de 44 millones de euros que dictó el tribunal del Banco Mundial. Esta cifra recoge tanto la indemnización fijada originalmente en 2019 como los intereses y costas acumulados por años de resistencia procesal de nuestro país. 9Ren había acudido a dicho arbitraje al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, del que nuestro país era firmante. Lo hizo denunciando el recorte normativo aprobado entre 2010 y 2014 por España, que llegó después de que la firma hubiese desplegado su millonaria inversión bajo un marco normativo e impositivo muy distinto al que después se introdujo, quedando desmanteladas las condiciones bajo las cuales se inició la apuesta de la compañía por España.
Lejos de ser un caso aislado, este fallo encadena el séptimo revés consecutivo para España en tribunales norteamericanos y eleva a 688 millones el volumen de laudos ya reconocidos judicialmente en la jurisdicción de Estados Unidos. En el listado figuran ya las condenas de otras compañías tales como Cube, Watkins, Antin, RREEF, InfraRed y NextEra. Todas ellas derrotaron a España en las cortes de arbitraje y, ante los impagos de España, han acudido a los tribunales de EEUU y han obtenido órdenes judiciales firmes que reconocen a nuestro país como deudor y permiten avanzar en la ejecución de sus créditos, sea exigiendo de una vez el pago, sea aplicando embargos de bienes y activos del Reino radicados en el país norteamericano.
Una factura que no deja de engordar
La problemática no ha parado de agravarse. A día de hoy, España acumula más de 1.754 millones pendientes de pago en condenas firmes relacionadas con la retirada retroactiva de incentivos a inversores renovables, una cifra que crece hasta 2.179 millones cuando se incorporan los intereses de demora, las costas y otros gastos judiciales derivados directamente de la estrategia de impago que ha venido siguiendo el gobierno de Pedro Sánchez.
De hecho, los frentes abiertos no se limitan a Estados Unidos. Tribunales de Australia, Bélgica y Reino Unido han dado luz verde a medidas de ejecución y de embargo sobre activos españoles, incluyendo cuentas, propiedades y posiciones financieras. Todo ello mientras las compañías afectadas reclaman una salida negociada similar a la aplicada el pasado julio con la japonesa JGC, con el objetivo de zanjar las deudas y, al mismo tiempo, frenar el deterioro de la reputación internacional de España como destino inversor.
Se acumulan los avisos
La advertencia de los fondos es clara: seguir dejando correr el contador judicial solamente incrementará la factura final. Sin embargo, el Gobierno continúa defendiendo una estrategia de resistencia procesal que ya se ha traducido en una cascada de sentencias adversas y un creciente riesgo patrimonial en el exterior. España vuelve a situarse en el centro del debate… pero no precisamente por su liderazgo, sino por el coste multimillonario de un asalto directo a la seguridad jurídica de las inversiones realizadas en nuestro país.