La Universidad Complutense de Madrid destina anualmente una cantidad cercana a los 100.000 euros para eliminar pintadas y arreglar daños provocados por el vandalismo en sus instalaciones. Esta cifra surge de datos oficiales revelados en un documento, en un contexto donde las facultades sufren un deterioro visible ligado a la ocupación ideológica de la extrema izquierda.
Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva a una resolución emitida por la Secretaría General de la UCM, gracias a la aplicación de la Ley de Transparencia. El texto está firmado por Raquel Aguilera Izquierdo, en calidad de Secretaria General.
La media del gasto entre 2020 y 2024 alcanza aproximadamente los 95.339 euros anuales, calculada a partir de las cantidades registradas en cada ejercicio.
Los importes detallados corresponden a un contrato centralizado para labores especializadas en eliminación de grafitis, aplicación de protección antigrafiti, así como conservación de fachadas, elementos verticales, superficies exteriores y monumentos en todos los campus y centros dependientes. Esta partida no abarca otros desperfectos derivados de acciones destructivas, tales como higiene general, arreglo de mobiliario urbano o sustituciones similares.
Así se desglosan las cifras año por año: en 2020 ascendieron a 100.302,44 euros; en 2021 llegaron a 102.089,50 euros; durante 2022 totalizaron 100.664,87 euros; el ejercicio 2023 registró 75.221,22 euros; y en 2024 sumaron 98.415,84 euros. Además, para el presente 2025 existe un monto provisional de 79.527,95 euros, actualizado hasta septiembre inclusive.
Tal y como denuncia la asociación "Libertad Sin Ira", la extrema izquierda ha capturado las dependencias de esta universidad, imponiendo un entorno de intolerancia y coerción. Grupos antisistema mantienen un dominio sobre espacios comunes, generando un clima de censura y hostigamiento hacia alumnos que discrepan de sus postulados radicales.
Estas facciones, aunque minoritarias, emplean intimidación física y presión psicológica para consolidar su hegemonía, convirtiendo facultades en bases operativas de carácter partidista. El material audiovisual captado por la asociación "Libertad Sin Ira" evidencia esta ocupación, con áreas destinadas a colectivos estudiantiles repletas de inscripciones murales que reflejan propaganda ideológica.
El deterioro visual resulta abrumador, con paredes saturadas de mensajes políticos que fomentan un ambiente opresivo y disuaden el debate plural. Esta dinámica instaura un temor ideológico generalizado, donde los jóvenes evitan expresar opiniones disidentes por riesgo a agresiones o boicots.
La iniciativa "Libertad Sin Ira", fundada por el estudiante Ignacio Dancausa surge como reacción ante esta deriva totalitaria. El colectivo promueve espacios de diálogo sin confrontaciones, pero enfrenta represalias constantes de activistas radicales que se erigen en acosadores ante cualquier desafío y se autoproclaman defensores de la diversidad mientras vulneran el respeto básico.
"Libertad sin Ira" propone medidas para neutralizar los bienes públicos, como prohibir emblemas partidarios en instalaciones, aunque advierte que en el contexto madrileño provocaría respuestas violentas de estas corrientes autoritarias.
Esta situación ilustra una gestión interna deficiente en la institución, donde el vandalismo persistente obliga a gastos continuos en limpieza de recintos educativos que deberían priorizar el conocimiento sobre la confrontación política.