El pasado 13 de enero, por la noche, la Confederación Hidrográfica del Duero inició los trabajos de derribo de la presa de Puente Mesa, en el curso del río Cega entre los municipios de Cabezuela y Veganzones, en Segovia. En un comunicado, el organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen, defendió el derrumbO con el argumento de que se trata de una estructura "en estado de abandono" y en "desuso". También mencionó la necesidad de "asegurar la continuidad fluvial del río" en línea con la normativa europea que ha llevado a Aagesen y su predecesora, Teresa Ribera, a impulsar la eliminación de pequeñas presas o azudes en otros puntos de España.
El organismo, que promete crear "un área recreativa restaurando ambientalmente la zona", afirma que no existía "titular de la concesión" que pudiera justificar que se mantuviera "un obstáculo en el río". Y añade que suponía "un riesgo potencial para las personas", favorecía "las especies exóticas" e impedía "el libre flujo del agua, energía y sedimentos".
La medida, sin embargo, ha recibido una durísima respuesta tanto de los vecinos y autoridades de los dos pueblos como de los ingenieros, que ven en esta decisión un golpe inexplicable al patrimonio hidráulico español. Según recoge la prensa local, un grupo de ciudadanos trató de frenar la demolición y tuvo que acudir la Guardia Civil, tras lo cual continuaron los trabajos. En declaraciones recogidas por Efe, el alcalde de Cabezuela, Florentino Descalzo, manifestó su "sentimiento de impotencia y de engaño" ante lo que estaba ocurriendo y denunció que en una reunión hace dos años se les prometió que no tocarían el azud por el arraigo entre los vecinos. Similares palabras trasladó el alcalde de Veganzones, Pedro Luis Cuesta, ante un derribo con nocturnidad y que les había pillado "por sorpresa". Pese a los argumentos de la CHD, Descalzo aseguró que la demolición tendría consecuencias ambientales, con un río que afectará "con dos metros más de altura" y que afectará a explotaciones madereras y al ecosistema de la ribera.
El azud ahora perdido tenía entre 400 y 500 años de antigüedad y fue construido para alimentar un molino. Vecinos recuerdan ahora cómo era utilizado también como lavadero y sobre todo lugar de recreo. Agricultores y ganaderos también han criticado el derrumbe: "Nuestra provincia está padeciendo la irracionalidad del Ministerio de Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Duero dirigida por el Gobierno de la Nación", señala en un comunicado Asaja Segovia, que asegura que es "una destrucción de riqueza manifiesta". Y cita otros dos derribos en la provincia, las presas de Navafría y Moraleja de Coca, que a su juicio "deberían mantenerse por el servicio que suponen y la retención de agua que causan, tan necesario para nuestra sociedad".
Entre los ingenieros, la medida también ha provocado "indignación", como señala en un artículo en sus redes sociales José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. "En patrimonio hidráulico no importa solo el año exacto, sino la antigüedad funcional, la integración en el paisaje, la continuidad de uso y el valor etnográfico y territorial. Desde esos criterios —los que aplica la ingeniería, la historia y el propio patrimonio cultural— el azud de Puente Mesa era una obra histórica de varios siglos, merecedora de estudio, conservación y adaptación, no de demolición sin alternativa", señala sobre una infraestructura que "existía con seguridad antes del siglo XVIII, y muy probablemente desde finales de la Edad Media" y cuya "traza, tipología constructiva y materiales del azud de Puente Mesa son coherentes con obras hidráulicas tradicionales de más de 400–500 años de antigüedad".
"De noche y contra la gente"
"La ingeniería —la buena ingeniería—", dice Trigueros, "no actúa de madrugada, no se esconde y no evita el contraste técnico ni el diálogo social. La nocturnidad con la que se ha ejecutado esta demolición no es una anécdota operativa: es una decisión consciente. Y cuando una administración elige la noche, es porque sabe que lo que va a hacer no resiste la luz del día".
El ingeniero recuerda lo que denunciaron los alcaldes: los contactos de hace años entre las autoridades en las que se trasladaron "compromisos explícitos de restauración y conservación". "Se habló de soluciones técnicas, de compatibilizar continuidad fluvial, seguridad y patrimonio. Como ingeniero, sé que esas soluciones existen y están sobradamente contrastadas. Como ciudadano, constato hoy que no se quisieron aplicar. Cuando se promete restaurar y se termina demoliendo, no estamos ante un error técnico, sino ante una mentira institucional", señala. En su nota, la Confederación Hidrográfica del Duero alega que en estos años los ayuntamientos no pidieron "la preceptiva concesión de aguas".
El "arrasamiento" de Transición Ecológica
Según Trigueros no era un elemento "ajeno al río", sino "una obra hidráulica tradicional, integrada desde hace siglos en el territorio, conocida por la población local y asumida como parte del paisaje y de la vida social". "Su eliminación no responde a una urgencia inevitable, sino a una forma de entender la transición ecológica que confunde protección con arrasamiento", sostiene el ingeniero, que lamenta que "se utilice el discurso ambiental como coartada para borrar patrimonio hidráulico sin análisis riguroso, sin estudios comparativos de alternativas y desoyendo a los municipios afectados. La ingeniería civil española ha demostrado durante generaciones que es capaz de mejorar ríos sin destruir su historia. Ignorar ese conocimiento es despreciar a la propia profesión".
Y señala como responsable a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, bajo cuyo mandato "se ha permitido —y ejecutado— una actuación sin transparencia, sin consenso y sin respeto al patrimonio hidráulico español", recurriendo "a la nocturnidad como método y al hecho consumado como argumento. Eso no es gobernar con criterios técnicos; es imponer decisiones desde la distancia".
"El azud ya no está. Pero lo verdaderamente grave es el mensaje que queda: que el patrimonio hidráulico puede destruirse sin debate, sin alternativas y sin dar explicaciones. Y eso no solo daña a un río o a un pueblo; daña la credibilidad de las instituciones y degrada el sentido mismo de la ingeniería al servicio de la sociedad", dice Trigueros, que avisa de que "la transición ecológica será compatible con el territorio y con su historia, o fracasará. Y desde luego, no puede construirse de noche ni contra la gente".