El sistema fiscal español reduce de forma significativa la rentabilidad de las inversiones empresariales. Un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana señala que, debido a la combinación del Impuesto de Sociedades y las reglas fiscales de amortización, las empresas que realizan inversiones productivas en España solo logran recuperar fiscalmente alrededor de 6 de cada 10 euros del coste real de sus proyectos.
Amortización de los activos
El estudio analiza el tratamiento fiscal del capital productivo y concluye que la normativa vigente provoca una pérdida sustancial del valor real de las deducciones que pueden aplicar las empresas. Aunque la legislación permite amortizar los activos a lo largo de varios años, el efecto conjunto de la inflación, el coste del capital y los plazos de amortización establecidos en la normativa fiscal reduce de forma significativa el valor actual de esas deducciones.
Cuando una empresa realiza una inversión, por ejemplo, en maquinaria, instalaciones o equipamiento tecnológico, el sistema fiscal no permite deducir inmediatamente el coste total del proyecto. En su lugar, obliga a distribuir esa deducción a lo largo de varios ejercicios fiscales, siguiendo tablas de amortización fijadas por la normativa tributaria. Esto significa que la empresa recupera el coste fiscal de la inversión de forma gradual y diferida.
Pérdida del retorno de la inversión por la inflación
El documento, firmado por quien escribe estas líneas y por el profesor Santiago Calvo, explica que este diferimiento reduce el valor real de las deducciones. Una deducción fiscal aplicada dentro de diez años tiene un valor económico menor que una deducción aplicada en el momento de realizar la inversión. La inflación erosiona el valor de las cantidades deducidas y el capital que queda inmovilizado durante ese periodo tiene un coste financiero para la empresa.
Según los cálculos presentados en el informe, cuando se tienen en cuenta estos factores, las empresas terminan recuperando fiscalmente solo alrededor del 60% del coste real de sus inversiones. En otras palabras, de cada 100 euros invertidos en capital productivo, el sistema fiscal español solamente ofrece deducciones por un valor económico equivalente a 60 de esos euros. No sorprende, pues, que nuestros indicadores de inversión empresarial arrojen resultados muy desfavorables cuando se comparan con otras economías desarrolladas.
El pésimo tratamiento fiscal ofrecido por la Hacienda española a los empresarios que invierten en nuestro país tiene implicaciones directas sobre la rentabilidad de los proyectos impulsados desde el ámbito privado. Si una inversión de 100.000 euros solamente puede recuperar fiscalmente el equivalente a unos 60.000 euros en términos reales, la carga fiscal efectiva sobre el capital se incrementa significativamente. Esto reduce la tasa de retorno de muchos proyectos y puede hacer que determinadas inversiones dejen de resultar viables desde el punto de vista económico.
Ajustes fiscales de otros Estados
El informe compara también el tratamiento fiscal del capital en España con el marco vigente en otras economías avanzadas. En varios países se han introducido mecanismos de amortización acelerada o deducción inmediata de inversiones con el objetivo de mejorar los incentivos a la acumulación de capital. Estados Unidos, por ejemplo, introdujo en su reforma fiscal de 2017 un sistema de amortización inmediata para muchas inversiones empresariales. Reino Unido ha emulado varios elementos de dicha reforma y diversos socios europeos han actuado en la misma línea, flexibilizando sus reglas de depreciación o aminorando la carga fiscal sobre el capital productivo.
En España, sin embargo, el sistema fiscal mantiene un modelo de amortización relativamente rígido. Las tablas oficiales obligan en muchos casos a distribuir las deducciones durante periodos de entre 10 y 20 años, dependiendo del tipo de activo. Determinados equipos industriales deben amortizarse durante diez años, mientras que los edificios industriales pueden superar los treinta años y otros activos productivos se reparten a lo largo de más de una década. Este diferimiento provoca que el valor económico real de las deducciones se reduzca notablemente cuando se descuenta el efecto de la inflación y del coste del capital.
Freno a la inversión
La diferencia entre el coste real de la inversión y el valor fiscal de las deducciones supone, en la práctica, un incremento significativo de la carga fiscal sobre el capital. El informe estima que el tratamiento fiscal del capital en España eleva la tasa marginal efectiva sobre nuevas inversiones hasta el entorno del 28%, mientras que en varias economías europeas comparables a esta se sitúa por debajo del 20%. Esta brecha refleja el mayor coste fiscal que afrontan las empresas al invertir en España.
Tal penalización fiscal tiene efectos macroeconómicos relevantes. La inversión productiva constituye uno de los principales motores del crecimiento económico. Cuando el sistema fiscal reduce la rentabilidad de los proyectos empresariales, disminuye el número de inversiones que superan el umbral mínimo de rentabilidad exigido por las empresas. El estudio recuerda que un aumento de diez puntos en la carga fiscal efectiva sobre el capital puede reducir el stock de capital productivo de una economía en torno a un 3% a medio plazo.
El impacto también alcanza a la productividad y a los salarios. El capital productivo (maquinaria, equipamiento, tecnología e infraestructuras empresariales) constituye uno de los factores clave del crecimiento económico. En las economías avanzadas, más del 40% del crecimiento de los salarios reales a largo plazo está asociado a aumentos de productividad vinculados a la inversión y a la modernización del capital productivo. Por ello, el informe concluye que mejorar el tratamiento fiscal de la inversión (por ejemplo, mediante amortizaciones mucho más rápidas o directamente inmediatas) podría reducir la carga efectiva sobre el capital, estimular nuevos proyectos empresariales y reforzar la competitividad económica.