El irrefrenable afán recaudatorio de Hacienda está asfixiando a los ciudadanos de una forma sin precedentes. Así, en 2025 la recaudación de la Agencia Tributaria superó por primera vez los 300.000 millones de euros, con incremento de más del 10% tanto en los ingresos recibidos mediante el IRPF como por el IVA. Sin embargo, lo más grave de nuestro sistema tributario es su propio funcionamiento y diseño: por un lado, en cuestiones tributarias prevalece la ‘presunción de veracidad’ de las reclamaciones a los contribuyentes; por otro, los incentivos a los inspectores impulsan los requerimientos y la persecución a los ciudadanos.
Precisamente, el despacho de abogados Amsterdam&Partners ha denunciado en diversas ocasiones los abusos que comete el Fisco español contra los contribuyentes. Ahora, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha presentado este miércoles el Observatorio de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes, una iniciativa que nace con el objetivo de analizar, denunciar y formular propuestas para reforzar la protección de los ciudadanos en el ámbito tributario, en un contexto marcado por la digitalización.
"Hipervigilancia" de Hacienda
Este pasado miércoles la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) presentó su Observatorio de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes, cuyas labores, como informan desde la asociación en un comunicado, se acompañarán de informes periódicos y propuestas normativa. De este modo, entre sus primeras acciones, la asociación ha anunciado una propuesta de carta de derechos y garantías del contribuyente, adaptada a un entorno en el que el uso de tecnologías como la inteligencia artificial tiene cada vez más peso en la actuación de las administraciones tributarias.
Así las cosas, el coordinador del Consejo Asesor Institucional de Aedaf, Daniel Gómez-Olano González, defendió durante la presentación que el objetivo de aumentar la recaudación y combatir el fraude fiscal ha desplazado los derechos del contribuyente a un segundo plano. De hecho, aseguró que se han generado dinámicas en las que el poder ejecutivo establece normas sin revisión suficiente del poder legislativo ni de órganos como el Consejo de Estado.
Del mismo modo, desde la asociación advierten de que "se han creado círculos viciosos en los que el poder ejecutivo establece las normas sin revisión del poder legislativo ni de los órganos constitucionalmente exigibles, como el Consejo de Estado". En este sentido, inciden en que "además, si el poder judicial dictamina algo que no le gusta al poder ejecutivo, precisamente por vulnerar los derechos de los contribuyentes, el poder ejecutivo propone una nueva norma que sacrifica tales derechos, de forma que los tres poderes del estado se convierten en ocasiones en un único poder: el ejecutivo".
Pero, además, existen también grandes riesgos relacionados con la digitalización. Desde Aedaf señalan al respecto que la combinación de digitalización y nuevas tecnologías "amenaza con socavar derechos humanos básicos como el derecho a la intimidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la no autoincriminación". Por tanto, defienden que "es esta una nueva realidad que exige una rápida redefinición de los derechos de los contribuyentes, para evitar que el resto de los derechos se conviertan en papel mojado".
Con todo, el coordinador del Consejo Asesor Institucional de Aedaf denuncia que "con la creciente hipervigilancia del ciudadano, el poder de la sociedad civil debe ser el contrapoder de los tres poderes del Estado para vigilar precisamente a quienes nos vigilan". Por ello, subraya que Aedaf "en su parcela de conocimiento, aspira a cumplir esa función", señalando que "por eso nace este Observatorio: con la idea de observar el Estado de los derechos y garantías del contribuyente de forma permanente, para explicar lo que funciona y lo que no, y para hacer propuestas constructivas del sistema".
Derechos del ciudadano frente al Fisco
Precisamente, en su propuesta de carta de derechos y garantías de los contribuyentes, Aedaf recuerda que, entre los derechos básicos de la ciudadanía en materia tributaria, se encuentran el derecho "a un sistema tributario justo" –inspirado en los principios de progresividad y no confiscatoriedad–, el derecho "a que el sistema tributario proteja el derecho de propiedad de manera proporcionada" y el derecho "a que se presuma su buena fe en relación con sus actuaciones en materia tributaria", entre otros. Sin embargo, como denuncian despachos de abogados como Amsterdam&Partners, y hemos detallado en Libre Mercado en diversas ocasiones, la forma en que Hacienda trata a los contribuyentes no se adecúa a estos requisitos.