El Consejo de Ministros aprobará en la reunión de este martes el indulto para el colectivo conocido como Las Seis de La Suiza, cinco mujeres y un hombre, un grupo de sindicalistas que fueron condenadas a cárcel tras participar en una protesta laboral en una pastelería de Gijón. Así lo ha confirmado Europa Press tras consultar a fuentes del Ejecutivo, que detallan que este asunto forma parte del orden del día de la reunión del Consejo de Ministros.
En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado el indulto del grupo de sindicalistas, asegurando que "defender los derechos laborales es un orgullo". Así, la ministra ha agradecido a todas las organizaciones que se han movilizado defendiendo la inocencia de los condenados.
Lo hemos peleado durante meses y lo hemos conseguido. El indulto a Las 6 de La Suiza ya está aquí. Gracias a todas las organizaciones que se han movilizado defendiendo su inocencia. El sindicalismo no es un delito. Defender los derechos laborales es un orgullo.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 2026-03-30T11:31:24.736Z
Sin embargo, cabe preguntarse quiénes son Las Seis de La Suiza y por qué fueron condenados. ¿Realmente se les condenó por ser sindicalistas?
El origen del conflicto
Los hechos relacionados con la pastelería La Suiza, en Gijón, se remontan a junio de 2016, cuando una trabajadora embarazada abandonó su puesto tras encontrarse mal y solicitar a su pareja que la trasladara a un hospital. Así lo explica la verificadora Newtral, que destaca cómo en ese momento se desencadenó un conflicto que derivó en actuaciones judiciales, movilizaciones sindicales y, finalmente, en el cierre del establecimiento.
De hecho, Newtral recoge la sentencia y explica que el enfrentamiento concluyó con una denuncia por amenazas y daños en el establecimiento presentada por el hostelero. Tras ese episodio, la empleada inició una baja laboral por riesgo de aborto, situación en la que permaneció hasta mayo de 2017. Al respecto, cabe señalar que, durante ese periodo, no volvió a su puesto de trabajo en la pastelería.
Con la apertura de juicio oral contra su pareja, la trabajadora decidió contactar con la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Según su relato, la empresa le debía horas extraordinarias y vacaciones. Además, según denunciaba la trabajadora, durante su embarazo había recibido comentarios sobre su físico y soportado una carga de trabajo elevada. En este sentido, el sindicato señaló que, dada la supuesta falta de acuerdo con la empresa, la organización decidió iniciar una serie de acciones, entre ellas, concentraciones frente al establecimiento y una campaña informativa sobre el conflicto entre la trabajadora y el empresario.
Las protestas se desarrollaron entre mayo y septiembre de 2017, periodo durante el que se sucedieron concentraciones en el exterior del negocio. Así, el sindicato sostuvo que las movilizaciones se mantuvieron debido a la negativa del empleador a indemnizar por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de la trabajadora. Finalmente, se puso fin a las concentraciones cuando el propietario decidió cerrar la pastelería.
Boicot y hostigamiento
En cualquier caso, tal y como informa Newtral, cabe subrayar que el origen judicial del caso se sitúa en la denuncia presentada por el propietario del establecimiento contra varias personas que participaron en las concentraciones. Como consecuencia, ocho personas resultaron imputadas por su implicación en las protestas. De este modo, en junio de 2021, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón dictó sentencia condenatoria: siete de los acusados recibieron penas de tres años y medio de prisión, mientras que una octava persona fue condenada a ocho meses de cárcel.
Los delitos apreciados fueron coacciones y obstrucción a la justicia, en relación con las movilizaciones desarrolladas frente al negocio durante meses. Además de las penas de prisión, el fallo fijó una indemnización de 150.428 euros a favor de la pastelería. En este punto, la sentencia declaró a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) como responsable civil subsidiaria.
Tras la sentencia, el sindicato presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que en 2023 decidió ratificar las penas de prisión para seis de los ocho condenados. Posteriormente, la CNT interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de derechos fundamentales.
No obstante, el Alto Tribunal analizó los argumentos planteados en esta fase final del proceso judicial y, en junio de 2024, ratificó las condenas a las seis personas conocidas como 'Las Seis de La Suiza'. En su resolución, el tribunal concluye que las protestas y campañas desarrolladas no fueron "proporcionales", sino que constituyeron un hostigamiento de carácter coactivo y prolongado en el tiempo.
De hecho, el fallo vincula estas actuaciones con el cierre del establecimiento, al considerar que tuvieron un impacto directo en la continuidad del negocio. Por tanto, para el Tribunal Supremo es evidente que estas protestas constituyeron un "hostigamiento" continuado que provocó el cierre del negocio. Así las cosas, el fallo judicial consideró que estas acciones supusieron una forma de boicot y presión hacia el empresario y su entorno familiar.