La controversia en torno a los impagos de España por los recortes retroactivos a las primas renovables ha escalado en los últimos años hasta convertirse en un frente judicial internacional de primer orden. Decenas de inversores extranjeros han obtenido laudos arbitrales favorables frente al Reino de España, pero el Gobierno ha optado por resistirse al pago, acumulando una deuda que ya supera los 2.300 millones de euros entre principal, intereses y costes asociados. Este conflicto ha deteriorado la imagen jurídica del país y ha abierto la puerta a una ofensiva coordinada de ejecución en múltiples jurisdicciones.
Como ya explicó Libre Mercado, los acreedores han activado una nueva fase de presión en Estados Unidos, donde varios tribunales han reconocido los laudos como sentencias ejecutables. En este contexto, se han iniciado procedimientos de "discovery" y se han emitido requerimientos judiciales —subpoenas— dirigidos a entidades privadas y organismos vinculados al Estado español con el objetivo de rastrear activos embargables. Estas diligencias buscan identificar cuentas, contratos, flujos financieros y cualquier vínculo económico susceptible de ejecución forzosa.
Hasta la fecha, este tipo de procesos ya ha derivado en embargos cautelares o intentos de embargo sobre distintos activos del Estado. En Reino Unido, por ejemplo, se han autorizado de forma preliminar medidas sobre bienes inmobiliarios como la sede del Instituto Cervantes en Londres o la Escuela Vicente Cañadas. Asimismo, los acreedores han explorado la posibilidad de intervenir cuentas bancarias o derechos de cobro, como ocurrió en el pasado con el bloqueo de la indemnización vinculada al caso Prestige, evidenciando que la ejecución puede alcanzar activos muy diversos. Conviene recordar, ademas, que España ha sufrido el bloqueo de unos 482 millones de euros de pagos de Eurocontrol a Enaire, en este caso por un embargo que ha autorizado la justicia belga.
En este contexto, el conflicto ha dado un salto cualitativo al extenderse a ámbitos hasta ahora inéditos, como el deportivo. Las empresas acreedoras han advertido en un comunicado reciente de que la operativa de España en el Mundial de Fútbol de 2026 está ya bajo vigilancia. En concreto, los requerimientos judiciales se han dirigido también a "actividades vinculadas a la participación del país en el Mundial de Fútbol de 2026", según ha podido conocer este diario.
Este señalamiento implica que, si bien todavía no se han concretado medidas específicas, la operativa relacionada con la participación de la selección española en el torneo está en el punto de mira de los abogados de las empresas afectadas, que estudian potenciales objetivos de embargo en dicho ámbito. Por ahora no han trascendido más detalles, pero el simple hecho de que el Mundial esté en el radar de los acreedores refleja el alcance creciente de su ofensiva legal en suelo estadounidense.
El Mundial de 2026 se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, y la fase de grupos arrancará con distintas sedes repartidas por Norteamérica. En el caso de España, las informaciones disponibles apuntan que su base de operaciones inicial se ubicaría en Estados Unidos, en la ciudad de Chattanooga, ubicada en el Estado de Tennessee.
La polémica que ahora se cierne sobre "la roja" se enmarca en una ofensiva global que ya ha logrado avances significativos en múltiples jurisdicciones. En Reino Unido, el Tribunal Supremo ha rechazado los argumentos de España y ha avalado la ejecución de los laudos; en Australia, la justicia ha autorizado el cumplimiento de varias indemnizaciones millonarias; y en Singapur, los tribunales han reconocido formalmente nuevas deudas.
Este cerco judicial internacional aumenta la presión sobre el Gobierno y eleva el riesgo de que activos españoles —incluidos los vinculados a eventos internacionales— puedan acabar siendo objeto de embargo si persiste la estrategia de impago.