Fuentes consultadas por Libertad Digital confirman que Alquiler Seguro tiene previsto recurrir la sanción de 3,6 millones de euros ratificada este miércoles por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) ha rechazado el recurso de alzada de la compañía, y ha agotado la vía administrativa. Desde Consumo, mantienen que la empresa ha vulnerado los derechos de los consumidores en base a un supuesto abuso de posición dominante en el mercado.
La resolución acusa a Alquiler Seguro de cometer una infracción grave y seis infracciones muy graves. Entre las prácticas ilícitas denunciadas, destaca el cobro a los inquilinos de gastos de gestión y formalización de contratos, una práctica prohibida expresamente por la Ley de Vivienda. Asimismo, se sanciona la obligación de contratar seguros de hogar en beneficio del arrendador y la imposición de cargos injustificados por reclamaciones de deuda o procesos judiciales sin condena en costas.
Desde Alquiler Seguro todavía no se han pronunciado, aunque fuentes cercanas aseguran que recurrirán la multa y recuerdan que han ganado cuatro de los cinco juicios a los que han sido sometidos por motivos similares.
El Ministerio también ha impugnado cláusulas que permitían incluir a los arrendatarios en ficheros de morosos, incluso ante deudas no exigibles, y la eliminación del derecho de desistimiento en contratos de servicios secundarios.
La cuantía de la multa se desglosa en importes contundentes: las dos infracciones principales rozan el millón de euros cada una, sumándose otros tres cargos de 500.000 euros. Más allá del impacto económico, la sanción impone dos medidas accesorias obligatorias: rectificación inmediata: la inmobiliaria deberá eliminar todas las cláusulas declaradas abusivas de sus contratos. Publicidad de la infracción: Alquiler Seguro queda obligada a hacer pública la resolución y la naturaleza de sus faltas.
Este expediente, iniciado en marzo de 2025 tras las denuncias de Facua, la OCU y el Sindicato de Inquilinas, marca un precedente en la vigilancia del mercado del alquiler. Mientras tanto, Consumo mantiene abiertas otras investigaciones similares contra diversos actores del sector.