Uno de los elementos más perniciosos de la política del Gobierno ha sido su programa de colonización de empresas e instituciones. De este modo, el Ejecutivo ha decidido incrementar su peso en compañías como Telefónica o Talgo, interviniendo además en decisiones de mercado como una hipotética fusión entre Indra y Mecanizados Escribano. Sin embargo, en dos respuestas parlamentarias registradas el pasado 18 de marzo en el Congreso, el Gobierno negaba su papel en los ceses de Escribano y Pallete como presidentes de Indra y Telefónica, respectivamente.
Operaciones de las compañías
Por un lado, como se puede comprobar en el documento respectivo, en relación con la dimisión de Escribano, el Gobierno respondía que "Indra es una empresa cotizada y cualquier decisión se adopta dentro de sus procedimientos de gobernanza, tal y como marcan sus estatutos". De esta forma, el Ejecutivo aseguraba que "el Gobierno respeta las decisiones empresariales que toman los accionistas en los órganos de gobernanza de esta compañía estratégica en el ámbito de la defensa y tecnología".
Del mismo modo, en relación con la salida de Pallete de Telefónica, tal y como queda acreditado en otro documento, el Gobierno insistía en que "respeta la decisión empresarial adoptada por los accionistas de Telefónica en los órganos de decisión de la compañía". De hecho, ha señalado que "como accionista público a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ejercieron los derechos políticos, respetando los procedimientos corporativos y las reglas de mercado".
Así las cosas, el Gobierno también señala que "los principales accionistas de la compañía, incluida la SEPI, estimaron necesario abrir una nueva etapa de oportunidades en la compañía con el relevo del presidente con el objetivo de impulsar una compañía más fuerte y más sólida, a la altura de los grandes retos que afronta el sector de las telecomunicaciones". Al respecto, el Ejecutivo incide en que "se trata de una decisión empresarial, adoptada por los órganos de gobierno de la empresa y respetando las reglas del mercado y del buen gobierno corporativo".
Precisamente, en su respuesta relacionada con el caso de Telefónica, el Gobierno sostiene que "la SEPI, en el ámbito de los órganos societarios de Telefónica en los que participa, con sometimiento a la legislación aplicable, ejerce sus derechos políticos". Así, se detalla que la SEPI "traslada su posición sobre los ámbitos de decisión que se elevan en los consejos de administración de la sociedad".
Con todo, en este mismo documento, el Gobierno recuerda que "es responsabilidad de las compañías definir su propia estrategia en relación con las operaciones societarias, dada su autonomía como empresas cotizadas y su capacidad para tomar decisiones en función de su situación financiera y su visión empresarial". Por ello, incide en que "las operaciones societarias, participadas o no por la SEPI, son operaciones que se estudian y preparan desde las compañías".