España está sufriendo un nuevo shock de precios que nos coge con el pie cambiado. Se produce una situación extraña. Por un lado, las grandes empresas celebran que el país siga creciendo, pero lamentan que la población esté cada vez más empobrecida. Además, queda en evidencia que la productividad está estancada y no está contribuyendo en absoluto a que se gane poder adquisitivo.
Uno de los principales motivos de esta situación se debe al gasto público disparado. Un gasto que ha llevado a subir las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional, el número de funcionarios, su remuneración y disparar hasta más de 3 millones las personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital, con casos incluso por encima de los 2.000 euros al mes.
Sin duda, el exceso de gasto público va a ser uno de los problemas más serios a la hora de enderezar la situación económica de España, dantesca prácticamente en cualquier aspecto que estudiemos. Una situación que, sin embargo, está camuflada bajo un crecimiento económico dopado por la inmigración y el gasto público.
Como suele recordar el profesor José María Rotellar, el problema del gasto público es que una vez aprobado, se convierte en estructural, sobre la base de unos ingresos que son coyunturales. Por este motivo es tan importante abordar este tipo de reformas tan pronto se llegue al Gobierno.