Como ya avanzó este diario, los acreedores han intensificado la fase de ejecución tras lograr el reconocimiento de sus laudos en tribunales norteamericanos. En total, suman ya siete resoluciones favorables en EEUU que permiten registrar las indemnizaciones impagadas y avanzar hacia el embargo de activos. En total, el conflicto afecta a 27 inversores internacionales que siguen sin ser resarcidos por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. La deuda acumulada asciende ya a 2.306 millones de euros, de los cuales 543 millones corresponden a intereses de demora, costas judiciales y otros recargos derivados del incumplimiento.
En este contexto, los acreedores han activado procedimientos de localización de activos bajo jurisdicción estadounidense. Estas actuaciones buscan identificar relaciones contractuales, flujos de pago y cuentas bancarias vinculadas al Reino de España susceptibles de embargo. El foco se ha puesto en los preparativos del Mundial de 2026. En el marco del caso que afecta a RREEF —con una condena inicial cercana a 40 millones de euros que se eleva a unos 74 millones al incluir intereses y costes adicionales—, se han remitido decenas de requerimientos judiciales a empresas privadas.
Tales documentos están en manos de este diario, que ha podido confirmar que, entre los destinatarios, figuran compañías deportivas como Adidas, cadenas hoteleras como Hilton, operadores logísticos como Vision y entidades vinculadas a infraestructuras como el espacio donde entrenará y se concentrará la selección española durante su participación en la fase de grupos. La justicia estadounidense exige información detallada sobre contratos, pagos y cualquier relación económica con España.
Pagos y derechos, sujetos a embargo
La clave de estas actuaciones es que no se dirigen contra estas empresas, sino contra los pagos que España debe realizarles. En virtud de la legislación estadounidense, los tribunales pueden interceptar estos flujos antes de que se ejecuten, redirigiéndolos hacia los acreedores. Esto sitúa en el punto de mira judicial los ingresos y gastos asociados a la actividad internacional de España, con el riesgo de que pagos ordinarios queden bloqueados o intervenidos.
Los acreedores insisten en que la situación es insostenible y reclaman un acuerdo que ponga fin a los impagos y evite un mayor deterioro reputacional. Recuerdan que tribunales de Reino Unido, Australia y Singapur también han fallado en contra de España, consolidando un frente judicial global. Además, subrayan que los embargos ya son una realidad: la justicia belga mantiene intervenidos 482 millones de euros en activos españoles en procedimientos relacionados con estos mismos laudos.
El conflicto de las renovables entra así en una nueva fase, marcada por la presión judicial internacional y el riesgo creciente de que los impagos acaben trasladándose a las relaciones económicas cotidianas del Estado español en el exterior, en este caso a través de la selección de fútbol.