La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2025 comenzó este miércoles 8 de abril. En el caso de los propietarios de vivienda en alquiler la Agencia Tributaria es clara a la hora de establecer qué se debe declarar. Precisamente, al respecto ha causado especial polémica la obligación de que los propietarios de pisos en alquiler tributen por el IRPF de estas rentas aunque el inquilino no abone las mensualidades.
Así las cosas, desde el sector se ha alzado la voz para denunciar una situación que penaliza a los propietarios de los inmuebles, lo cual supone un elemento adicional de desincentivo para el surgimiento de nueva oferta de vivienda. De este modo, las asociaciones de propietarios han denunciado que la penalización fiscal contra los propietarios de vivienda puede agravar los problemas actuales del sector.
Indignación de los propietarios
La jurisprudencia establece que, a pesar de tener inquiokupas en un piso, los propietarios del inmueble tendrán que pagar el IRPF de ese alquiler que no se está abonando. Concretamente, el Tribunal Económico-Administrativo Central estableció, en una resolución dictada el pasado mes de junio, que los propietarios deben declarar este gravamen de las rentas del alquiler aunque no las hayan cobrado.
Precisamente, como informamos en Libre Mercado, en su resolución el TEAC sostiene que tanto los residentes como los no residentes deben tributar por el arrendamiento de un inmueble situado en España y subraya que esta obligación se mantiene independientemente de que las rentas hayan sido efectivamente abonadas por el inquilino. Así, el tribunal señala que las cantidades derivadas del alquiler tienen la consideración de rendimientos del capital inmobiliario y deben imputarse a los periodos impositivos en los que resultan exigibles.
De hecho, según el tribunal, el criterio aplicable no depende del cobro efectivo, sino del derecho a percibir las rentas, lo que obliga a los propietarios a incluir estos importes en su declaración fiscal. En este sentido, consultados por Libertad Digital, desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) explican que "la norma fiscal exige tributar por los alquileres no percibidos, si bien permite que, transcurridos 6 meses desde la reclamación formal de la deuda, los saldos no cobrados puedan incluirse como deducción en el IRPF".
Del mismo modo, desde la asociación inciden en que "si bien esta medida se enmarca en la lógica tributaria general, su aplicación en el entorno actual agrava la situación de miles de propietarios que cada día tienen más dudas de si seguir o no arrendando sus viviendas". Precisamente, al respecto defienden que, en un contexto como el actual, marcado por el "desequilibrio entre los derechos de arrendadores e inquilinos, y con una exacerbada falta de oferta de vivienda disponible", resulta necesaria "la implementación de medidas excepcionales que permitan aliviar la carga fiscal de los arrendadores cuyos contratos no están siendo cumplidos".
Por ello, desde la organización argumentan que "de la misma manera que se aprueban medidas extraordinarias para proteger a los arrendatarios, se hace indispensable que también existan mecanismos que permitan mantener cierto equilibrio en la relación arrendataticia". Con todo, desde Asval explican que "esto es especialmente relevante en un momento en el que la rentabilidad del alquiler se encuentra en mínimos históricos (3,13% según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana), situación que se agrava por la proliferación de normas excesivamente intervencionistas (algunas de ellas con importantes problemas de interpretación), que están provocando efectos indeseados".
Lo cierto es que la persecución hacia los propietarios y la protección hacia los okupas supone un lastre para el mercado de la vivienda. Así, desde Asval denuncian que "la consecuencia de todo lo anterior es, como se puede observar en los últimos datos publicados por diversas fuentes, una caída drástica de la oferta de alquiler, que tensiona aún más la ingente demanda, y que, en consecuencia, hace prácticamente imposible el acceso de los colectivos a los que, precisamente, las normas pretenden proteger: las familias con más necesidades de acceso a viviendas en condiciones asequibles".
Desincentivo a los propietarios
Este tipo de exigencias sobre los propietarios de vivienda implican un desincentivo para que los caseros decidan sacar más inmuebles en alquiler. De hecho, cabe recordar que un 34% de los dueños retirará su vivienda del alquiler cuando finalice el contrato en vigor. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de garantizar el respeto del derecho de propiedad, trata de poner parches al problema de la vivienda con ayudas directas para cubrir estos impagos.