La justicia de Estados Unidos asesta un nuevo golpe a la estrategia del Gobierno en los litigios por las renovables. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha rechazado el intento de España de bloquear el rastreo de sus activos en territorio norteamericano y abre la puerta a embargos para garantizar el cobro de un laudo de unos 93 millones de euros.
La resolución, firmada por la jueza Beryl A. Howell, se enmarca en el conocido como caso Watkins, vinculado a los recortes retroactivos a las energías renovables. El fallo confirma la ejecución del laudo arbitral del CIADI, que había sido reconocido en septiembre de 2025 y que condena al Reino de España al pago de aproximadamente 93 millones de euros, incluyendo intereses y costas.
El procedimiento del caso Watkins ha sido impulsado por Blasket Renewable Investments, con representación legal del bufete King & Spalding. En su sentencia, la corte concluye que ha transcurrido "tiempo suficiente" sin que España haya cumplido con sus obligaciones de pago ni aportado garantías, lo que habilita a los acreedores a iniciar medidas de embargo.
Rastrear y embargar activos de España
El tribunal tumba de forma explícita la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que había intentado suspender la ejecución y anular las órdenes de requerimiento de información —las llamadas "subpoenas"— dirigidas a terceros con relaciones económicas con el Estado. La justicia estadounidense avala, por el contrario, el amplio alcance del proceso de descubrimiento de activos, permitiendo a los acreedores rastrear bienes en manos de entidades financieras, empresas o socios comerciales.
Además, la resolución autoriza registrar la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos, extendiendo el perímetro de la ejecución a todo el país y dificultando que España pueda esquivar posibles embargos, trasladando activos entre jurisdicciones o incurriendo en otro tipo de prácticas orientadas a perseverar en los incumplimientos de las condenas conocidas hasta la fecha.
La corte rechaza también los argumentos del Reino de España basados en el derecho de la Unión Europea, que el gobierno quiso invocar para blindarse ante este tipo de procesos, así como en la existencia de recursos pendientes en otros litigios, dejando claro que ninguno de estos elementos justifica paralizar el proceso. En la práctica, el tribunal considera que España sigue siendo un deudor que no ha cumplido con una condena firme.
Embargos en el horizonte del Mundial de 2026
Este fallo supone un avance decisivo en la ofensiva internacional de los acreedores de los laudos de renovables, que pasan del rastreo de activos a su eventual embargo. De hecho, las empresas afectadas ya han puesto el foco en operaciones vinculadas a la participación de España en el Mundial de 2026, organizado por FIFA. Como ha explicado Libertad Digital, tanto la relación de la Selección de Fútbol con la FIFA como sus tratos con Adidas, Hilton o el centro deportivo Baylor están siendo analizados y rastreados por los denunciantes.
Así, los pagos o cobros que relacionan a España con estos terceros podrían quedar bajo escrutinio judicial, abriendo la puerta a embargos que afectarían a la operativa internacional del Estado. La decisión refuerza así la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez, en un conflicto que acumula ya miles de millones en laudos impagados (más de 2.300 millones de euros) y que entra ahora en una fase más agresiva de ejecución en territorio estadounidense.