El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla un desembolso total de 7.000 millones de euros. De esta forma, desde el Gobierno aseguran que, con este plan, se busca reforzar la oferta de vivienda asequible, impulsar la rehabilitación del parque residencial y facilitar el acceso al alquiler, especialmente entre jóvenes y colectivos vulnerables. Precisamente, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido en rueda de prensa que el objetivo del plan es dirigir los recursos públicos al acceso a la vivienda.
El plan establece una distribución concreta de los fondos. El 40% del presupuesto se destinará a aumentar la oferta de vivienda protegida de forma permanente, mientras que otro 30% se dirigirá a la rehabilitación del parque residencial existente mediante ayudas específicas. El 30% restante se reservará para medidas de apoyo directo, como ayudas al alquiler, programas de emancipación juvenil, iniciativas para reducir la tasa de esfuerzo financiero de los hogares y actuaciones en zonas tensionadas. En cuanto a la financiación, el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las Comunidades Autónomas aportarán el 40% restante.
Así se detalla el artículo 7 en el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, relativo a la distribución de la financiación entre las líneas del Plan. De esta forma, en la medida en que el desembolso total será de 7.000 millones, podemos comprobar cómo 2.100 millones se destinarán a la rehabilitación del parque residencial, mientras que las medidas de apoyo directo, como ayudas al alquiler, supondrán otros 2.100 millones. Por otra parte, 2.800 millones se dedicarán a aumentar la oferta de vivienda protegida de forma permanente.
Ayudas directas
Así las cosas, dicho Real Decreto detalla en su capítulo cuarto las distintas ayudas directas diseñadas para "reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda". De este modo, el Plan recoge una ayuda al alquiler de vivienda que "tiene por objeto facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a ciudadanos con menos ingresos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias".
Así, "en el caso de alquiler o cesión de uso de vivienda habitual y permanente se concederá una ayuda máxima de 250 euros, pudiendo incrementarse hasta el límite del 40% de la renta o precio mensual que deban satisfacer". Por otra parte, el documento también establece que "en el caso de alquiler o cesión de uso de la habitación habitual y permanente se concederá una ayuda máxima de 150 euros, pudiendo incrementarse hasta el límite del 40% de la renta o precio mensual que deban satisfacer".
Al respecto, el Plan de Gobierno detalla que esta ayuda se concederá a las personas beneficiarias por el plazo de dos años. En consecuencia, tras el fin de este plazo, la ayuda podrá ser prorrogada por un plazo adicional máximo de hasta otros dos años, "siempre y cuando se siga cumpliendo con todos los requisitos y condiciones regulados para esta ayuda en este real decreto".
Por otra parte, el documento también recoge otra ayuda "a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables" con el fin de "facilitar una solución habitacional inmediata" a estas personas. Al respecto, el Real Decreto detalla que "podrá concederse una ayuda de hasta 900 euros al mes, o del importe mensual en los supuestos de incremento del límite máximo de la renta arrendaticia o precio de cesión referidos en el artículo anterior, y en todo caso de hasta el 100% de la renta o precio de la vivienda, habitación o solución habitacional a ocupar en régimen de arrendamiento, cesión en uso o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho".
Por otra parte, el documento también explica que "podrá concederse otra ayuda de hasta 300 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad, y suministros básicos de la vivienda o solución habitacional, incluidos los gastos de acceso a Internet, con el límite del 100% de dichos gastos". De hecho, se informa también de que esta ayuda "será compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto con la limitación de no sumar mayor importe que el coste". Además, se establece que esta prestación se podrá conceder por un plazo de hasta cinco años.
Asimismo, el Gobierno también recoge en su plan una ayuda destinada a impulsar la "emancipación de las personas jóvenes". Al respecto, se explica que dicha prestación "se concederá a las personas beneficiarias por el plazo de dos años". Tras la finalización de este plazo, la ayuda podrá ser prorrogada un máximo de hasta dos años. De esta forma, "en el caso de alquiler o cesión de uso de su vivienda habitual y permanente se concederá una ayuda máxima de 300 euros, con el límite de hasta el 60% de la renta o precio mensual que deban satisfacer". Además, "en el supuesto de alquiler o cesión de uso de habitación se concederá una ayuda máxima de 200 euros, con el límite de hasta el 60% de la renta o precio mensual que deban satisfacer".
Del mismo modo, también se establece una ayuda a la compra en municipios de menos de 10.000 habitantes "para la emancipación de las personas jóvenes". Así, se explica que "la cuantía de la ayuda a la adquisición de vivienda será de hasta 15.000 euros por vivienda, con el límite del 20 % del coste de su adquisición", detallando que "la vivienda solo podrá ser adquirida por un máximo de dos personas físicas".
Finalmente, el Ejecutivo también incluye en su Real Decreto una ayuda a las personas jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente, que se concederá para que el ejercicio de la opción se realice en un plazo máximo de tres años. De este modo, el documento explica que "la persona física o jurídica, vendedora de la vivienda, podrá recibir una ayuda igual a las cantidades recibidas, en concepto de pago de renta arrendaticia o precio de cesión, por la arrendataria o cesionaria durante el plazo de vigencia del correspondiente contrato de arrendamiento o cesión hasta la ejecución de la opción de compra con el límite de 28.800 euros por vivienda, más un porcentaje de la totalidad de dicho importe con el límite de 25.920 euros por vivienda".