El tejido empresarial del campo está perdiendo músculo. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos alerta de que el número de empresas ha caído un 4% entre 2022 y 2025, según las cifras PYME del Gobierno. Esto se suma a un estancamiento del empleo que "refleja claramente la crisis que atraviesa el sector agrario como consecuencia de unos precios que no llegan a compensar el encarecimiento de los costes productivos".
Los datos oficiales sobre empresas en funcionamiento según sectores y empleo generado examinados por Unión de Uniones entre los años 2022 y 2025, indican que para el sector agrario "el número de empresas se ha reducido desde una media de 275.582 a 264.264, lo que representa un 4% menos". Al mismo tiempo, "el empleo generado por estas empresas se ha mantenido prácticamente estancado, con un crecimiento de apenas el 0,4%, situándose de media en 2025 en 726.884".
Autónomos destrozados
Las mayores caídas (tanto en número de empresas como en empleo) las sufren los autónomos sin asalariados, con un total de 10.389 autónomos perdidos con respecto a 2022. Ellos son los que absorben prácticamente el total de pérdida de empresas y del empleo.
Aun así, estas empresas sin empleados representan el 66% del tejido del sector, aunque solo la cuarta parte del empleo. Si se añaden las microempresas (hasta 9 trabajadores), entre ambas categorías suman el 97% de las empresas y el 56% del trabajo generado.
Costes al alza
"Las crisis que han disparado los costes de los inputs, las situaciones catastróficas que hemos sufrido en ese período, una cadena alimentaria que no garantiza precios que compensen los gastos de las explotaciones, junto con una presión regulatoria cada vez más intensa, explican este proceso", señalan desde Unión de Uniones.
La organización reconoce también la incidencia de una población agraria envejecida, pero señala que "el problema está, sobre todo, en que, con estas perspectivas, no hay joven que se incorpore".
Unión de Uniones también ha destacado el impacto que supone la pérdida de 11.000 empresas en el tejido rural español en términos de fijación de población y vertebración de territorio, considerando, además, la actividad industrial o de servicios ligada también a la producción agrícola y ganadera en los pequeños municipios.
Para la organización, para revertir esta tendencia es necesaria una reforma de la regulación sobre la cadena alimentaria que refuerce la posición negociadora de los productores, la protección en frontera de los exigentes modelos productivos agrarios que los agricultores y ganaderos europeos mantienen "y una Política Agraria que deje de una vez de dar bandazos" y consolide un marco normativo y financiero estable que permita la planificación estratégica del sector agrario, la protección a la seguridad alimentaria europea y la consolidación de la viabilidad económica de las explotaciones.