La deuda vuelve a subir, un mes más, y lo hace el doble que el mes anterior. El Gobierno sigue endeudando a la economía española, cuando debería aprovechar el récord de recaudación para entrar en superávit y reducir la deuda en valores absolutos. Es tal el incremento de deuda de este mes, que ni siquiera consigue rebajarla en términos de PIB, sino que aumenta respecto del dato de enero. Los datos son los siguientes:
En febrero, la deuda subió en 16.801 millones de euros y mantiene, así, su tendencia alcista, como ha hecho Sánchez durante todo su mandato. Sólo en 2025, la deuda se incrementó en 78.108 millones…
…que con el dato de febrero se mantiene en esos casi 80.000 millones en los últimos doce meses, de febrero de 2025 a febrero de 2026.
La deuda supera los 1,7 billones de euros y se dirige hacia los 1,8 billones, y se sitúa en febrero en 1,723485 billones de euros de endeudamiento, con más 560.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez —566.148 millones—, según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.
De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día —200,05 millones, casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, casi 8,5 millones cada hora— desde que gobierna Sánchez.
O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 138.925 euros —2.775 euros más al minuto que el mes anterior—.
Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros.
Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habría aumentado la deuda en 66 millones de euros.
El incremento del endeudamiento puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto. Es algo que no se tiene en cuenta, pero que constituye un peligro larvado.
Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad: con una recaudación adicional de más de 30.000 millones en 2022, el déficit sólo se redujo 2 décimas sobre el objetivo, que denota el importante incremento del gasto que se está produciendo —tres décimas si empleamos la revisión del PIB, pero no es comparable con la previsión inicial, realizada con un PIB estimado menor, al no haberse revisado entonces—. Además, la IGAE detectó un pequeño incremento del déficit posteriormente, que se come una décima. En 2023, el gasto siguió aumentando y si el déficit disminuyó se debió sólo al incremento de ingresos por aumento de la inflación, al igual que en 2022. En 2024, el saldo se redujo también por incremento extraordinario del PIB en su revisión. El Gobierno también fio todo a los ingresos en 2025, ya que el gasto lo disparó de nuevo, como hemos podido ver con el techo de gasto no financiero que previó para 2025 —pese a no presentar, finalmente, PGE—, donde cada vez se vuelve más estructural, tal y como ha vuelto a hacer para 2026, donde el techo de gasto no financiero propuesto en la senda de estabilidad dos veces rechazada por el Congreso, es casi 100.000 millones de euros mayor que el que había cuando Sánchez llegó al Gobierno. El cumplimiento del objetivo en 2025 se debe a la recaudación extraordinaria, que ascendió a 325.000 millones de euros, por la no deflactación del IRPF y las subidas de impuestos, que asfixia a ciudadanos y empresas, y por la inflación, que los empobrece.
Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, con presiones de gasto adicionales muy importantes como el desequilibrio existente en la Seguridad Social, que con la reforma del Gobierno se desajusta todavía más, al presionar fuertemente al gasto. La reforma propuesta del SFA, además de estar diseñada al dictado de los independentistas catalanes, pretende aumentar el gasto en 21.000 millones de euros sin reducirlos de las partidas de la AGE. Ahora, no se ve, pero el deterioro estructural que provoca este crecimiento insano cortoplacista es muy intenso.
Adicionalmente, si, en un futuro, se terminase de aplicar el concierto catalán, la Administración General del Estado puede perder decenas de miles de millones de euros de ingresos, con el agravamiento de dicho déficit, al tiempo que tendría que cubrir los servicios esenciales de las CCAA receptoras de fondos ante la insolidaridad del cupo catalán, tal y como distintos organismos han publicado.
De esa manera, el déficit estructural español se sitúa alrededor de cuatro puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea.
La tendencia, así, sigue siendo alcista —y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio— con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, como también ha sucedido en 2022, 2023, 2024 y 2025 pese al incremento extraordinario de recaudación motivado por la inflación, situando el gran problema en la actualidad, donde la ralentización económica —más allá del impulso artificial del efecto base estadístico— será mayor y los ingresos podrán cubrir todavía peor los gastos. La propia AIReF advirtió el pasado año de la aceleración del gasto y ha pedido que se tomen medidas para corregirlo en alrededor de 5.000 millones de euros.
La deuda con esos 1,723 billones de euros, supone el 101,2% del PIB español según el Banco de España, pero sólo por el efecto del incremento extraordinario del PIB en la revisión de 2021 y la estimación de mayor PIB para 2026…
…sin esa revisión, sería del 103,9% del PIB. Es decir, la revisión extraordinaria del PIB rebaja en casi 3 puntos el cociente, pero la deuda sube con fuerza en valores absolutos:
Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.
Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de siete años y medio de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 11.451 euros —casi catorce veces el incremento del primer año—.
De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, siendo los últimos de la UE que conseguimos recuperarnos, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE y al impulso que los últimos siete años y medio le ha dado el gasto público al PIB, en un entorno económico complicado, además de la inflación.
Esto impulsa el crecimiento a corto plazo, sobre unos cimientos muy débiles, que perjudican, además, a la estructura económica del medio y largo plazo, debido a la composición insana del crecimiento, donde crece el gasto público en detrimento de la inversión, que no crece como debería, aunque ahora el Gobierno la revise al alza en su cuadro macro y el INE en sus revisiones, dándose un efecto expulsión de la inversión privada por parte del gasto público, con claro ejemplo en la inversión extranjera recibida.
Este empobrecimiento se plasma en el retroceso en el PIB per cápita español al ser comparado con la media de la UE. Mientras Irlanda, por ejemplo, crece muchísimo en PIB per cápita respecto al cierre de 2017, España retrocede en ese período, que coincide con el mandato de Sánchez.
Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más.
Ahora, con la guerra de Irán, el Gobierno ya está buscando nuevas excusas para incrementar gasto a través de subsidios, cuando lo que necesitan la economía y los ciudadanos es que bajen los impuestos, reduzcan el gasto improductivo y realicen reformas que dinamicen la economía.
Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, incrementar la inversión tractora del desarrollo económico y fomentar, especialmente, la inversión productiva privada, eliminando el efecto expulsión que supone el desmedido gasto público estéril, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados.
Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez, que es confiscatoria e incrementalista de déficit y deuda, en suma, empobrecedora, como se ve con la pérdida de posiciones en la UE en PIB per cápita en paridad del poder de compra. Y se necesita recuperar la confianza y la seguridad jurídica, menoscabadas al no presentar PGE el Gobierno durante los últimos tres ejercicios.
Seguimos como todos los meses, desgraciadamente, con más gasto, más déficit, más deuda y más impuestos. El Gobierno puede revisar el cuadro macro, festejar las revisiones del INE y alardear de la mejora crediticia de Standard & Poor’s, pero sabe que eso sólo es el corto plazo y que la política económica actual está causando un grave daño a la estructura económica española, que tendrá que ser enderezada por el próximo gobierno.