El enésimo experimento intervencionista de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz fracasa en el Congreso. Ayer martes, se votó la polémica prórroga de dos años en los alquileres en España y el límite del 2% en la actualización de las rentas en los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027.
El Gobierno llevó la norma al BOE el pasado 20 de marzo, después de un insólito Consejo de Ministros en el que se aprobaban algunas medidas para intentar paliar la crisis de precios que está sufriendo la economía española por la guerra de Irán. Sin embargo, los miembros de Sumar se negaron a entrar en la sala debido a que los socialistas no querían incluir en el mismo texto este enésimo secuestro a los alquileres. ¿La razón? Los de Junts se oponían.
Finalmente, Sumar acabó claudicando y aceptaron dividir el Real Decreto en dos partes: la parte de los alquileres y el resto, que no tardó en conseguir el visto bueno del Congreso. Por tanto, ayer se votaba el texto que hacía referencia a los alquileres, y como era de esperar, no ha salido adelante. Junts, PP y Vox votaron en contra de la medida, mientras el PNV se abstuvo (con polémica incluida por un mensaje "indecente" publicado en redes sociales por los socialistas vascos).
Incertidumbre entre propietarios e inquilinos
Sin embargo, a pesar de que la norma no ha salido adelante, la decisión del Gobierno de aprobarla en marzo ha generado una gran incertidumbre entre propietarios, y también inquilinos, durante más de un mes.
Abogados, inmobiliarias, empresas especializadas en alquileres, asociaciones de propietarios, el Sindicato de Inquilinos... numerosos protagonistas del sector han dado multitud de interpretaciones diferentes sobre la situación en la que quedan los alquileres que afectan a "millones" de personas, según el ministro de Consumo.
"Avalancha de burofaxes"
El CEO de Renta Garantizada, Lorenzo Colino, cuenta a Libre Mercado que "hemos tenido una avalancha de burofaxes por parte de inquilinos" desde el pasado 20 de marzo. Esto es debido a que muchos abogados recomendaban a los inquilinos informar al propietario formalmente de que se acogían a la norma.
"Nos hemos encontrado de todo: inquilinos que no se podían acoger al Real Decreto porque habían negociado previamente con el propietario un cambio de contrato y de renta diferente, inquilinos que han enviado el burofax cuando están en tácita reconducción, y no tienen derecho a ello, y luego muchísimos inquilinos, la gran mayoría, que en nuestra opinión jurídica no debería acogerles el Real Decreto porque los contratos les vencen a partir de hoy" explica Colino. Ahora, la duda principal es qué pasará con los contratos que hayan ido venciendo hasta hoy.
"Esto ha sido un problema muy serio. Han generado una inseguridad jurídica enorme. Los propietarios han estado muy preocupados con constantes consultas, y claro, si esto lo judicializamos, el problema va a ser mayor porque al final un procedimiento judicial va a durar mucho más y muchos de estos propietarios no querrán renovar el contrato" añade.
"Los inquilinos, provocados por políticos y por asociaciones y sindicatos de inquilinos, han mandado los burofaxes por inercia en muchos casos. Es un caos. Hay muchos juristas, como nosotros, que consideramos que este Real Decreto solo tiene validez hasta que decaiga, pero hay otros juristas que consideran que en el momento en el que el inquilino lo solicita, en este periodo de tiempo, tiene derecho a dos años. Al final, serán los jueces los que decidan, pero esto es muy complicado. No sabemos qué hacer" lamenta el experto.
Isabel Rodríguez echa más leña al fuego
En este sentido, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha echado todavía más leña al fuego generando más incertidumbre entre los protagonistas. "Todos aquellos que hayan solicitado la prórroga quedan cubiertos por la vigencia" del decreto que tumbó ayer el Congreso. "Si se llegara a la judicialización, pues tendríamos que pleitear, pero yo entiendo que los tribunales van a estar a favor del derecho de acceso a la vivienda de estas personas, de la filosofía de esta norma que emanó del Gobierno", ha asegurado.
Sin embargo, Rodríguez no ha especificado si los que "quedan cubiertos" son los contratos que vencías antes de que decayera el decreto o de aquí a diciembre de 2027. En cualquier caso, la ministra ha ofrecido a los afectados el teléfono gratuito 047 del Ministerio de Vivienda "para asistirles en sus dudas y para asesorarles en caso de que definitivamente el asunto se judicialice". El PSOE y Sumar intentarán llegar a un acuerdo con Junts con otro decreto sobre el alquiler.