Poco a poco, la larga lista de más de 50 procedimientos de arbitraje internacional iniciados tras la retirada retroactiva de las primas renovables va reduciendo el número de litigios pendientes de resolución. De hecho, tras la cascada de condenas que sufrió España el pasado año 2025, en la actualidad apenas quedan tres expedientes por resolver.
Los casos en cuestión atañen a tres empresas alemanas. La primera de ellas es una entidad financiera, Landesbank Baden-Württemberg, que lideró un consorcio inversor a través del cual se iniciaron varios proyectos de renovables. Ante el revés sufrido, los banqueros teutones iniciaron un procedimiento de arbitraje a finales de 2015.
El caso, tramitado por el Centro de Arreglo de Diferencias referidas a Inversiones (Ciadi) está valorado en 482 millones de euros. Si los acreedores se terminan imponiendo, una condena de este volumen sería la más grande de las conocidas hasta la fecha, superando el monto de los laudos ligados a gigantes como NextEra o E.ON, que esperan respectivamente el pago de 300 y 250 millones de euros.
En paralelo, hay otros dos inversores germanos que siguen esperando una decisión por parte del tribunal de arbitraje del Banco Mundial. El primero es WOC Photovoltaik Portfolio y el segundo, el vehículo VM Solar Jerez. Estos dos denunciantes no han aclarado cuál es la cuantía que reclaman al Reino de España y el Gobierno de nuestro país tampoco lo ha dado a conocer, de manera que la factura de una eventual derrota resulta, a fecha de hoy, incierta.
Si se suman las 27 condenas a España conocidas hasta abril de 2026, encontramos que la deuda total asciende ya a 1.748,5 millones de euros. Sin embargo, a esta cifra hay que sumarle los intereses de demora acumulados por el incumplimiento de las indemnizaciones dictadas en el momento de finalización de los litigios, lo que supone casi 300 millones de deuda adicional:
Los costes asociados a este fiasco no se limitan a los intereses de demora, sino que también abarcan una larga lista de condenas en costas, derivada no solamente de los procesos en sí, sino asimismo de los gastos derivados de la estrategia de impagos, que exige litigar en numerosas jurisdicciones para intentar esquivar el cumplimiento de los laudos. A esto hay que sumarle los honorarios de consultores y bufetes contratados por España. En suma, los sobrecostes financieros y judiciales llegan ya a 544,7 millones, de tal manera que la deuda de las renovables alcanza ya el umbral de los 2.308 millones de euros.