La Comisión Europea ha vuelto a recular con su ley antideforestación, una norma que ya se ha pospuesto dos veces. Este lunes, Bruselas ha propuesto nuevas simplificaciones para reducir los costes administrativos que supondrá para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y también ha propuesto que algunos productos de la lista inicial queden exentos.
La normativa, que en la pasada legislatura fue la estrella del Pacto Verde, castiga las importaciones de productos (cacao, café, soja, madera, ganado) que provoquen la tala de bosques en terceros países. Para ello, y bajo amenaza de multas, obliga a las empresas a demostrar que ninguna de las materias primas importadas ha provocado deforestación, un requisito que el propio sector productivo calificó desde el primer momento como una "imposición burocrática irrealizable". De hecho, la entrada en vigor de la norma ya se ha pospuesto dos veces.
Con esta última revisión, el Ejecutivo Comunitario cree que en conjunto ha reducido un 75% los costes administrativos para las firmas sujetas al reglamento. Bruselas también ha intentado calmar preventivamente a las asociaciones ambientalistas y ha dejado claro que no se trata de una nueva rebaja de la norma, sino la que ya se propuso hace seis meses.
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Además de reducir los costes administrativos de las pymes, la Comisión Europea también sugiere retirar el cuero y los neumáticos recauchutados del ámbito de aplicación de la normativa.
Dice Bruselas que la exclusión del cuero se debe a "la complejidad de su cadena de valor, la dificultad de trazabilidad y el riesgo de generar distorsiones competitivas frente a productos importados que no están cubiertos por la norma".
Y aunque el cuero y el caucho para neumáticos salen de la lista, se amplía el alcance a productos como el café soluble y a ciertos derivados del aceite de palma.
Además, la Comisión ha aclarado que los operadores que intervienen en fases posteriores de la cadena de suministro tendrán una obligación "pasiva" de conservar la documentación, sin necesidad de investigar activamente a sus proveedores.
El paquete deberá ahora pasar por consulta pública antes de su adopción definitiva, con el objetivo de garantizar una aplicación "fluida y eficaz" de la ley a partir de finales de 2026.