
Hace unos días quedé a comer con un antiguo conocido. Fue un alto funcionario del Ministerio de Trabajo en los primeros años de la democracia, en los que ese departamento estaba dirigido por gente seria y competente. Llevábamos mucho tiempo sin vernos. En un momento de la conversación me preguntó sobre la fiabilidad de esas informaciones que advertían de unas subvenciones al margen de las que reciben los sindicatos por su condición de 'más representativos' –ahora les explico–. Le contesté que eran ciertas. Yo mismo he escrito sobre el particular. Se quedó muy sorprendido. Animado ante su perplejidad, le hice una broma: "Mira, no sé si a ti te pasa, pero cuando se acerca el 1 de mayo y entrevistan a Pepe Álvarez… me doy cuenta de que cada día se parece más a José Solís –el que fuera jefe del sindicato franquista, de 1951 a 1969, le llamaban 'la sonrisa del régimen'–". Me siguió la broma. "Pues ahora que lo dices… Pero en mohíno; de sonrisa poco". Normal que el secretario general de la UGT no esté para chistes: carga sobre sus espaldas con la trascendente responsabilidad histórica de derrotar a la ultraderecha o "sencillamente a la derecha", empeñadas en fastidiarle la vida al proletariado mundial.
Los sindicatos CCOO y UGT reciben una subvención que gestiona el Ministerio de Trabajo atendiendo al número de representantes elegidos en las elecciones que se celebran en los centros de trabajo. Otros sindicatos también la perciben, en menor cuantía, porque también es menor su implantación entre los trabajadores –el pasado año USO ingresó 1.373.648 euros–. La explicación por la que los sindicatos cobran este dinero es similar a la que se aplica a los partidos políticos. En el año 2024, Vox ingresó 6,5 millones de euros; CCOO, 6,5 y UGT, 6,1 millones. Para unos sobra la de los sindicatos, para otros la de Vox. Así que empate. Los hay también, los menos, para los que sobra todo, incluida la democracia. Muchos de estos votan a Alvise, que se queda –presuntamente– con la pasta y ellos con un palmo en las narices, pero felices.
Sin embargo, hay algo perverso en la financiación 'por representatividad sindical'. Mientras que la ley establece para los partidos políticos un criterio público y verificable –"Dichas subvenciones se distribuirán en función del número de escaños y de votos obtenidos"–, el número de votos y representantes de cada una de las centrales sindicales no es público. No existe estadística oficial. Un ocultamiento que convierte en incomprensible que las subvenciones se hayan duplicado de un año para otro. Si en 2024 CCOO percibió 6,4 millones, en 2025 han sido 12,2. Lo mismo sucede con UGT: 6,1 en 2024 y 11,4 millones de euros en 2025. ¿Cuál ha sido el motivo por el que la ministra Yolanda Díaz ha aplicado estos incrementos? Con unos Presupuestos Generales prorrogados ¿a qué partida presupuestaria se carga un gasto que se duplica?
Con motivo del 1 de mayo el diario que cumple como órgano de expresión del PSOE entrevistó al secretario general de la UGT. El titular es el que corresponde a un funcionario de sindicatos que despide a su jefa de filas: 'La izquierda haría bien en recoger el legado de Yolanda Díaz'. Deja un balance extraordinario y eso ya se le reconoce hoy". Adulación de alguien muy agradecido. Motivos tiene.
Las cantidades por las que se interesaba mi contertulio –las que no responden a criterios de representatividad y en las que CCOO no parece estar interesada– las recibe solo la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, el órgano que dirige Pepe Álvarez. Desde 2023 han sido unos 8 millones de euros y el pagador no es directamente el Ministerio de Trabajo, el dinero lo abona la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Esta fundación se creó en el año 2015 tras el escándalo de los cursos de formación. En 2023 manejó un presupuesto de dos mil cuatrocientos millones de euros –2.447.012.340 €–. A trabajadores y empresarios se les detrae una cantidad que se destina a la formación de empleados y desempleados… y también a capacitar a algunos sindicalistas de UGT en "el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva". Total, que es un pellizquito. Ocho milloncejos entre dos mil. Ni se nota. Lo que no está bien es que les paguen unos cursos para que aprendan a "dialogar" y después se vayan a la puerta de la CEOE a gritar eso de "obrero despedido, patrón colgado" y salga el señor Pepe reconviniendo –que es gerundio– a todo quisqui. Pero hay más "pellizquitos".
Una vez que hemos formado a los sindicalistas de UGT, estos cogen sus carpetas, bolis y demás bártulos y se van muy formales a "participar en los órganos consultivos". Un órgano consultivo es una mesa muy grande –no confundir con la 'mesa de diálogo social' que es más pequeña– en la que se sientan unas personas –cargos de la Administración, empresarios y sindicalistas– y hablan de sus cosas. Pueden pedir café o té y les ponen pastitas y una botellita de agua. Esto, comprenderán ustedes, es una ocupación muy exigente, así que la señora ministra Yolanda les da otro pellizquito: un millón por año –exactamente 3.042.521 euros, de 2023 a 2025, a UGT–. Los de CCOO también comen pastitas y cobran más o menos lo mismo por el esfuerzo y la CEOE, ídem. Y no termina aquí la cosa. Hay un organismo, el Consejo Económico y Social –está en la calle Huertas, de Madrid– donde el diálogo social adquiere otra dimensión. Es primera clase. Luxury. Una canonjía para los burócratas sindicales que tienen la suerte de ser nombrados consejeros –hay 20 plazas–. Pues bien, la ministra también tiene un detalle: 104.580 euros al año recibe UGT. Pues nada, tampoco les sacia. CCOO y UGT están emperrados en que antes de que llegue la derecha les hagan un Consejo de Diálogo Social Nacional. Empacho de diálogo.
Este 1 de mayo, Sordo, de CCOO, y Álvarez, de UGT, se manifestaron en Málaga coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones andaluzas. Burócratas reconvertidos en palafreneros. Frenan o azuzan a los trabajadores según convenga al amo. Han pinchado. "Yo no soy tonto", les dijeron la mayoría de los malagueños.
