La irresponsable política económica del gobierno nos ofrece este martes dos ejemplos tan elocuentes como preocupantes: Por un lado, el Tribunal de Cuentas ha certificado en su auditoria a las cuentas del Estado de 2024 que el Gobierno de Pedro Sánchez desvió al menos 2.389 millones de euros de fondos europeos para pagos de pensiones. La responsable del desvío en 2024 era la ministra de Hacienda entonces, María Jesús Montero, actual candidata socialista a la Junta de Andalucía, quien ha tenido la colosal desfachatez de justificar tal desvío por haber sido "excepcional" y de asegurar que no dañó el cumplimiento del plan pactado con Bruselas por ser "importes excedentarios".
Además, el Tribunal de Cuentas critica los "efectos de la prórroga presupuestaria" al gobernar Pedro Sánchez con las cuentas aprobadas en 2022. "La falta de presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 determinó que durante todo el ejercicio estuviesen en vigor los prorrogados de 2023, como consecuencia de lo cual ha existido una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria", reprocha. En este sentido, el organismo fiscalizador señala cómo, tras la tramitación de las oportunas modificaciones presupuestarias, los créditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95 % se tuvieron que financiar apelando a la variación del saldo vivo de la deuda.
Ni que decir tiene que si el Tribunal de Cuentas no ha sido aun más contundente es por la simple razón de que la mayoría de sus consejeros fueron designados por el PSOE con la presidenta Enriqueta Chicano a la cabeza. Aun así no pasará mucho tiempo antes de que la Comisión Europea nos haga una amonestación por el uso de unos fondos europeos, que sobrantes o no, no estaban destinados para pagar pensiones.
No menos preocupante es el crecimiento del número de funcionarios en España: No contento con el hecho de que, bajo su gobierno, el número de funcionarios haya subido 1.200 veces más que el de autónomos, y sin importarle tampoco que España haya batido el récord de los 3.600.000 funcionarios, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una nueva Oferta de Empleo Público para 2026, que asciende a un total de 37.017 plazas.
Aunque mucha culpa del crecimiento de los funcionarios es de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, la incompetencia o renuencia ideológica del gobierno a la hora de crear un clima regulatorio y fiscal favorable a la creación de puestos de trabajos productivos a cargo de las empresas privadas, es lo que ha llevado al ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, a justificar esta nueva oferta de empleo público por la irrupción de la Inteligencia artificial. Es evidente, sin embargo, que esta medida solo viene a servir de maquillaje de las cifras del paro así como a ser utilizado como pesebre electoral.
Capitulo aparte merece el hecho de cómo Pedro Sánchez ha reventado su récord de cargos a dedo y como gasta ya más de 170 millones de euros. ¿También va el Gobierno a utilizar la irrupción de la Inteligencia Artificial para justificar que, entre 2018 y 2025, gastase casi 500 millones en asesores, un 134,7% más de los que desembolsó Rajoy en su etapa al frente del Ejecutivo?
Lo tristemente evidente es que la creación de empleo improductivo a cargo del contribuyente, y su traducción en una deuda pública desatada, va a ser una herencia envenenada para el próximo gobierno; un lastre, tal vez insuperable, para todo gobierno que no tenga un claro compromiso con la reducción del gasto publico y no sea consciente de que los complejos socialdemócratas ni las pulsiones falangistas son alternativa económica suficiente al ruinoso gobierno social/comunista de Pedro Sánchez.