Descontento en el Tribunal de Cuentas con las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en la Seguridad Social. El organismo ha desvelado este martes que el Gobierno recurrió en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones.
En concreto, "la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social motivó que se autorizasen dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros (una ampliación de crédito el 6 de noviembre de 2024 por 1.722,1 millones de euros y una transferencia de crédito el 19 de noviembre de 2024 por 667,3 millones de euros), ambas financiadas con créditos sobrantes del servicio 50 "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)" explica el organismo en su informe de 745 páginas relativo a las cuentas de 2024.
Cabe recordar que, en 2020, el Gobierno inició el traspaso a la Seguridad Social de las pensiones que están dentro del régimen de las Clases Pasivas. Hasta ahora, las prestaciones de muchos funcionarios dependían del Ministerio de Hacienda, y cuando José Luis Escrivá tomó las riendas del Ministerio de la Seguridad Social, se propuso integrarlas en el sistema, aunque es una partida que no se financia con cotizaciones sociales, sino que se hace directamente con transferencias del Estado. Este régimen está en pleno proceso de extinción (beneficia a funcionarios que se jubilaron antes de 2011) y su gasto en 2024 superó los 20.000 millones de euros.
Aunque preguntados por Libre Mercado el departamento de Seguridad Social evita dar explicaciones sobre esta decisión, el Tribunal de Cuentas explica que "en las alegaciones de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos se fundamenta la excepcionalidad de la utilización de esta fuente de financiación en la previa retención de créditos sobrantes, una vez reajustados los créditos y emitidos los correspondientes documentos de retención de crédito para transferencias por los importes excedentarios en el ámbito del PRTR, conforme estaba previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023". Por otra parte, "en esas mismas alegaciones se argumenta que la aplicación del crédito fue para atender necesidades ineludibles, autorizándose la transferencia y la ampliación de crédito, respectivamente" añaden.
"Tras analizar los fundamentos aportados para justificar el empleo de unos créditos excedentarios y sobrantes para aplicarlos a la cobertura de unos compromisos ineludibles cuyos créditos eran deficitarios, este Tribunal considera que la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes en el servicio 50, para financiar las modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio, por afectar a la gestión de los fondos del MRR." concluye el Tribunal de Cuentas.
Un sistema que hace aguas
Cabe recordar, que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva aumentando sistemáticamente los créditos y las transferencias a la Seguridad Social para poder costear las mensualidades de los pensionistas porque las cotizaciones no son suficientes.
Tanto es así que, según los últimos datos del Gobierno, las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos en 2025 suman un total de 47.815 millones, un 11% más que un año antes y un nuevo récord.
Críticas por no aprobar los Presupuestos
Por el lado de la presentación de Presupuestos, el Tribunal de Cuentas recuerda que "el Gobierno no presentó durante todo el año 2024 ante el Congreso de los Diputados ningún proyecto de presupuestos para este ejercicio, lo que determinó que se prorrogasen automáticamente los PGE de 2023, que se extendieron para todo el ejercicio 2024".
Sin embargo, España presentó a Bruselas el "programa presupuestario para 2024 el 15 de octubre de 2023 en el que incluía una serie de medidas ya adoptadas (finalizadas o en ejecución) que tendrían un impacto presupuestario neto en 2024 respecto de 2023 que estimaba serían de 5.420 millones de euros en los ingresos y de 6.334 millones de euros en los gastos en la AGE, y de 1.089 millones de euros en los ingresos y sin impacto en gastos para la Seguridad Social. La omisión del envío del preceptivo Proyecto de Ley de Presupuestos para 2024 impidió su debate a las Cortes Generales. La consecuente ausencia de una norma específica para el ejercicio provoca, entre otras circunstancias, una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria, como resulta ser el caso del Real Decreto-ley 36/2020 en lo referente a la gestión de los créditos específicamente consignados para la ejecución del PRTR" reza el texto.