La regularización masiva de inmigrantes que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez continúa siendo objeto de debate. El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril y finaliza el 30 de junio de este año. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, el Ejecutivo registró más de 130.000 solicitudes en la primera semana del proceso.
Por tanto, todavía queda un importante camino hasta llegar a esos "500.000 beneficiarios potenciales" que proyecta el Gobierno y que alcanzarían "una carga potencial total de 752.250 expedientes a tramitar". Esta diferencia se debe a "solicitudes duplicadas e incumplimientos de requisitos", según un documento oficial del Ejecutivo de Sánchez.
Eso sí, estas cifras distan considerablemente de las previsiones del sindicato policial Jupol, que estima que la regularización alcanzará "más de un millón de personas de forma directa y más de dos millones de forma indirecta a través de reagrupaciones familiares".
Los requisitos
Según ha establecido el Ejecutivo, para optar a la regularización del Gobierno es necesario probar haber residido en España al menos 5 meses (con documentos públicos y privados), no tener antecedentes penales (que no policiales) y cumplir uno de estos tres requisitos:
- Haber trabajado con contrato (o tener la intención de trabajar presentando uno).
- Residir con menores de edad o mayores dependientes.
- Ser calificado como "vulnerable".
El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, uno de los órganos autorizados por el Gobierno para "acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes" celebró ayer lunes un encuentro con la prensa para explicar las principales claves de esta polémica norma.
Un abanico de ideas para probar la residencia
En el caso de las pruebas con documentos "públicos o privados" que están recolectando los aspirantes a la regularización, los gestores se están encontrando con un amplio abanico de demostraciones, en muchos casos, sorprendentes. "Les sobran pruebas porque la mayoría de inmigrantes con los que hemos tratado llevan aquí más de cinco meses" aseguró Ariel Mantecón Ramos, director del servicio jurídico del Colegio de Gestores de Madrid.
Una de las acreditaciones más habituales son "los empadronamientos, los contratos de arrendamiento o las facturas de la luz y el gas, aunque es cierto que puedes tener un contrato de alquiler a tu nombre y no residir en la vivienda" explicó Carlos Rodríguez-Noriega, secretario del consejo y responsable del grupo de extranjería. Por ello, para los gestores, los documentos más fiables para probar la residencia son "los bonos del transporte nominativos, con los que puedes demostrar que te has estado moviendo por la comunidad autónoma y los documentos de las visitas al médico, que son posibles aunque estén en situación irregular" añadió Rodríguez-Noriega. En el acto también participó Carlos Capa, el secretario general de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).
Sin embargo, la falta de concreción por parte del Gobierno, la ambigüedad de la norma y la desesperación de los candidatos por hacerse con la regularización están dando lugar a la presentación de una lista infinita de pruebas que también podrían resultar válidas a la hora de cumplir con ese requisito obligatorio, según los expertos.
"Tickets de compras, movimientos bancarios... y hasta nos hemos encontrado el caso de un senegalés que, como sabía que esto se iba a aprobar, sacaba un libro al mes en la biblioteca para que quedara registrado o el de una mujer que presentó fotos de su hijo pequeño que cantaba en un coro para probar que estaba aquí, otros que presentaron fotos en la feria..." relató Mantecón.
Los gestores aseguran que desde los organismos oficiales "van muy fluidos" en la aceptación de las solicitudes de regularización. "De momento, que sepamos, no han denegado ninguna. No han puesto reparos. Se nota que lo que quieren es sacar todas las que puedan, que es algo bueno, porque hay vacantes sin cubrir en el mercado laboral y les va a dar más estabilidad a los inmigrantes", aunque cuestionan la opacidad del proceso. "Era necesario, pero no en estos términos" añadieron.
"No sabemos todavía lo que va a costar el refuerzo de Correos o de Tragsatec para llevar a cabo el proceso porque no conocemos los contratos" reconoció Rodríguez-Noriega, que también desconoce si las centenares de ONG que están expidiendo los certificados de vulnerabilidad recibirán alguna contraprestación estatal de cara al futuro. "¿Serán subvenciones al año que viene?" se preguntó.