La Comisión Europea ha iniciado la revisión de la información publicada por el Tribunal de Cuentas sobre el uso en España de 2.389,4 millones de euros de fondos europeos de recuperación para el pago de pensiones en 2024, aunque señala que, en principio, este tipo de operaciones no afecta a la ejecución del mecanismo comunitario. Según ha indicado un portavoz del Ejecutivo comunitario, Bruselas está examinando los datos y mantiene contacto con las autoridades españolas tras la publicación del informe del órgano fiscalizador.
En este sentido, el portavoz comunitario ha explicado que los Estados miembros pueden adelantar recursos para financiar inversiones previstas en sus planes nacionales antes de recibir los fondos europeos. Asimismo, también pueden utilizar la liquidez procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para cubrir otros gastos.
De acuerdo con el comisario, "en principio, estas operaciones ordinarias de gestión de tesorería" no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea ni tienen consecuencias sobre la implementación del fondo. Ahora bien, Bruselas recuerda que realiza verificaciones sobre los sistemas nacionales de control. En ese contexto, puede intervenir si detecta situaciones de fraude, corrupción o conflictos de interés que no hayan sido corregidas por el Estado miembro.
Así las cosas, cabe destacar que España tiene asignados 79.854 millones de euros en subvenciones y 22.706 millones en créditos dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que cuenta con un total de 577.000 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea. Así, hasta la fecha el país ha recibido 55.090 millones en transferencias y 16.270 millones en préstamos, distribuidos en cinco pagos vinculados al cumplimiento de reformas e inversiones comprometidas con la Comisión Europea.
Informe del Tribunal de Cuentas
El origen de la revisión se encuentra en el informe aprobado por el Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024, que incorporó varias incidencias. Entre ellas, el organismo detectó la utilización de 2.389,4 millones de euros de fondos europeos "sobrantes" para financiar el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos.
El uso de estos recursos se justificó bajo el criterio de que no comprometía ni el cumplimiento del plan de recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos europeos asignados a España. Sin embargo, el Tribunal señaló que la actuación se apoya en fundamentos jurídicos que deberían haber sido mejor justificados. Además, el informe apunta a la existencia de "incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones" relativas al uso de créditos sobrantes del servicio 50 —donde se integran los fondos del MRR— para financiar modificaciones presupuestarias fuera de ese ámbito.
Reacciones políticas
En este contexto, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que el Ejecutivo no está preocupado por las conclusiones del Tribunal de Cuentas. En declaraciones realizadas en Sevilla, ha defendido que el órgano fiscalizador aprobó las cuentas presentadas por el Gobierno. En cambio, por su parte, eurodiputados del Partido Popular han trasladado preguntas a la Comisión Europea para aclarar si tenía conocimiento de estos hechos y qué medidas podría adoptar en caso de confirmarse un posible incumplimiento del reglamento comunitario.
En sus iniciativas, Isabel Benjumea, Raúl de la Hoz, Fernando Navarrete, Elena Nevado y Esteban González Pons destacan que la normativa europea prohíbe el uso de estos recursos para cubrir gasto corriente, y aluden también a la existencia de votos particulares dentro del Tribunal de Cuentas. Asimismo, Vox ha planteado a Bruselas si estos hechos podrían constituir una irregularidad y si justificarían la suspensión, reducción o cancelación de futuros desembolsos.